El jueves 20 de septiembre fue un día raro, distinto; se diría que incluso esperanzador. En la prensa pudimos leer cómo la Comisión Europea abroncaba a Ryanair por no someterse a la legislación laboral de los países donde opera; que UGT y Cabify acuerdan mejorar el empleo de los conductores de la última; que dimite un director de banco danés por blanqueo de capitales, y hasta el rico dueño de la revista Times se muestra dispuesto a luchar contra la desigualdad y la pobreza en el mundo.
Algo es algo, porque en fechas anteriores un juez de Madrid falló que los repartidores de Glovo «no son falsos autónomos» (El País), un traspiés severo en la lucha de estos «nuevos esclavos» por ser reconocidos como trabajadores por cuenta ajena.
Llama la atención este abanico de titulares porque la sima de desigualdad y pobreza, que tanto ha pronunciado la crisis económica de 2008 singularmente en España, continúa creciendo sin que empresas y gobiernos atiendan las voces de alarma de estadísticos, sociólogos, economistas y filósofos (y hasta un creciente número de políticos) vienen haciendo sonar sobre esta lacra social que posterga a millones de trabajadores y sus familias a la iniquidad y el sufrimiento individual y social. Penuria social que sobre todo es el abono más nutritivo para el crecimiento de todo tipo de radicalismos políticos, desde los populismos hasta la más variada paletada de nacionalismos.
La resistencia de las élites a creer que la desigualdad erosiona la estabilidad política de Europa habla bien de su miopía y egoísmo. En cierta forma recuerda a la testarudez de quienes rechazaron durante décadas la existencia del cambio climático al sostener (algunos como Trump persisten) su inexistencia con la que justificaban el consumo masivo de carbón, petróleo y gas. Pero ese muro se viene agrietando con rapidez desde la Cumbre de París de 2015 y ni siquiera la furia del desmedido presidente norteamericano podrá detener.
Sin embargo, la batalla contra la desigualdad y la sostenibilidad social se desarrolla demasiado lenta. Solo la UE llama la atención sobre ello en el mundo. Como también insiste en el aumento de los salarios tan castigados en la crisis. España tendrá su primer gran test sobre el particular los próximos días. Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 serán la piedra de toque. Subida de impuestos a grandes empresas, al tráfico financiero y sus dividendos, y políticas impositivas verdes más severas con las que generar liquidez adicional para reparar en parte los estragos de la crisis entre los más débiles. La batalla en la sombra está siendo crudelísima. Esperemos a ver qué titulares nos trae noviembre sobre el particular.
* Periodista
