El Gobierno de Mariano Rajoy presentó ayer, con el retraso atribuido a la crisis catalana, los Presupuestos Generales del Estado del año 2018. El pacto con Ciudadanos ha dejado pocas primicias para el momento de su presentación oficial. Las novedades son tres: revisión levemente al alza de las previsiones macroeconómicas, rebajas fiscales para las rentas más bajas y ligera recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios y los pensionistas más modestos. Todo ello de bastante sentido común, aunque la ligera rebaja fiscal y la moderada recuperación salarial combinadas en un ejercicio menos expansivo que el actual ponen en riesgo lo que hasta ahora ha sido el principio fundamental de la política económica de Rajoy: la reducción del déficit público. Veremos cómo cuadran las cuentas a final del ejercicio. Si la necesidad de recuperar los salarios y las pensiones es indiscutible, la obsesión del ministro Cristóbal Montoro y del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por reducir impuestos parece más ideológica que realista, como han puesto más de una vez en evidencia las instituciones económicas internacionales. Esperemos que este riesgo no sea una muestra de una posible falta de convicción del Gobierno y de sus socios sobre la viabilidad de aprobar estos Presupuestos. Todo indica que la suerte de este proyecto cuelga ahora de la decisión del Partido Nacionalista Vasco, cuya posición oficial es que no se plantea votarlos mientras esté en vigor la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Veremos si el habitual pragmatismo de los nacionalistas vascos resiste este posicionamiento. Parte del acuerdo sobre el cupo alcanzado con el Partido Popular pende del hilo de los Presupuestos Generales del Estado, con lo cual no es descartable un acuerdo in extremis. Aunque la gravedad de la crisis catalana explica el retraso y la incertidumbre, también es cierto que los Presupuestos ponen en evidencia que el presidente Rajoy no ha conseguido tener en esta legislatura una mayoría mínimamente estable que le permita abordar problemas de fondo como el de las pensiones, al que no se hace otra cosa que poner un parche sin garantía de continuidad. Este Gobierno ha dejado de ser económicamente previsible, por la crisis catalana, pero también por la lluvia fina de la corrupción, que le deja sin aliados estables. Una realidad que en algunos asuntos no hace otra cosa que agravar los problemas. Otro frente que se abrirá será el autonómico. El próximo martes se presentarán los PGE en el Congreso y se conocerán las inversiones para cada territorio. La Junta de Andalucía ya ha manifestado que está a la espera de que el Ejecutivo central «mire al sur» y no vuelva a «maltratar» a la comunidad andaluza. El pasado año cayó un 30% la inversión destinada a la región y, en consecuencia, a las provincias. En Córdoba son numerosos los proyectos paralizados o planificados que con la necesaria inyección económica podrían ayudar a la dinamización de la provincia.