Al final la decisión ha sido, si no empezar de cero, al menos reestructurar la comisión que deberá abordar si es necesario introducir cambios en el Código Penal en lo que atañe a los delitos sexuales, y que esté formada por 30 miembros, con composición equilibrada de hombres y mujeres. El miércoles pasado, en la sesión de control del Congreso el titular de Justicia, Rafael Catalá, dijo que queda «mucho por hacer» para inculcar la igualdad en la judicatura, y citó que son necesarios cambios de «leyes, comportamientos, culturas y el lenguaje» de los jueces. Tiene razón el ministro, y en este sentido la sentencia de La Manada puede ser una oportunidad para minar la justicia patriarcal (un concepto que no es nuevo, pues hace tiempo que lo estudia el feminismo) y no, como se sostiene desde sectores conservadores, una forma de ceder la justicia al cambiante estado de ánimo de la opinión pública.

La desigualdad de género es estructural en la política y la justicia, y ello afecta a cómo se imparte justicia y a cómo se redactan las leyes. Sirva de ejemplo el hecho de que, habiendo más mujeres que hombres en la carrera judicial y fiscal, la presencia femenina en los órganos de decisión es mucho menor. La última prueba la hemos tenido estos días, cuando Catalá resucitó la Sección Penal de la Comisión General de Codificación para estudiar una reforma exprés del Código Penal en lo referente a delitos sexuales. Este organismo, que empezaba ayer sus deliberaciones, está compuesto íntegramente por hombres con una media de edad de 67 años (dejando al margen que en 30 años solo se ha reunido una vez). El Gobierno incorporó de urgencia a cinco mujeres, pero una de ellas dimitió al saber que entraba en el organismo de forma temporal.

Resulta chocante que un organismo estudie los delitos sexuales con una reducida presencia de mujeres. Pero la desigualdad de género debería haber resultado chocante (e insoportable) mucho antes, pues, aunque no se reuniera, la comisión existía, formada solo por veinte varones. Y, en lo que toca al tema para el que han sido convocados, es cierto que una mujer también puede emitir sentencias machistas, pero el debate no gira sobre lo que puede hacer una persona en concreto, sino de la estructura, que obedece a una mirada determinada. Si la estructura de la justicia es patriarcal y desigual, sus sentencias acabarán siendo patriarcales y desiguales. Por eso, ha sido un buen paso el que se dio ayer, uno más de los que deben darse. Queda, en efecto, mucho trabajo por hacer, además de una reforma exprés del Código Penal que por su importancia no debe tomarse a la ligera. De entrada, incorporar a catedráticas de Derecho Penal. No es una concesión, ni un asunto de cuotas. Es una obligación.