No creo al señor Sánchez tan ingenuo como para no haber calculado adónde puede llevar el proceso de negociación con ERC y la Generalitat. Así que, en ausencia de una información transparente por su parte que nos oriente, no tenemos más remedio que hacer conjeturas. Unas conjeturas razonables, porque además de conocer los objetivos de la otra parte, la independencia de Cataluña, vamos teniendo hechos por parte del Gobierno del señor Sánchez, y hay documentos del PSOE, como la declaración de Granada de julio de 2013 o la de Barcelona de julio de 2017 (cuya lectura recomiendo), que nos avisan de lo que podemos esperar.

Y lo que podemos esperar es un nuevo Estatuto de Cataluña o artefacto jurídico similar, con rango casi de Constitución para aquella Comunidad Autónoma, en el que, declarándose dentro del Estado Español, mantengan unos privilegios especiales, gobernándose con unos principios propios: el catalán como lengua única (con lo que protegen su mercado de trabajo de la inmigración y cimentan su identidad cultural); servicios policiales, sociales, educativos y sanitarios diferenciados (no necesariamente coordinados con el resto); financiación diferenciada con sobreinversión según participación en PIB (como se negociará en los próximos presupuestos); Consejo General del Poder Judicial propio (declaración de Barcelona dixit y no hay interferencias desde Madrid); servicio exterior propio paralelo al de Asuntos Exteriores (ya se ha activado); reconocimiento de Barcelona como co-capital de España (declaración de Barcelona dixit, con campaña mediática a favor), etc. Todo ello dentro del «marco de la Constitución» formalmente, pero, en realidad, fuera de ella, pues supondrá convertir un estado autonómico federal actual en un estado confederal asimétrico.

Este será, en mi opinión, el resultado de la negociación, pues es el punto intermedio entre el Estatuto actual (y ni el PSOE ni Podemos plantean recentralizar nada) y el estadio previo a la independencia que los Republicanos ahora aceptan. Máxime cuando la mayoría de Gobierno depende de ERC y el PNV, y a ERC le interesa mantenerse dentro de la legalidad para evitar procesos judiciales y disponer del aparato de la Generalitat y de la representación en el Congreso para tener recursos para el proceso. Un proceso que esta vez sería irreversible, pues cualquier intento por parte de Gobierno central de revertir las concesiones sería contestado con un nuevo paso hacia la independencia, esta vez con más consistencia, y cualquier intento de descafeinarlo sería imposible una vez concedido, porque quedará atado jurídicamente, con recursos ante tribunales internacionales.

Para evitar que el proceso se pueda torcer en los tribunales, el señor Sánchez ha tenido mucho cuidado en escoger a un nuevo ministro de Justicia con un perfil negociador, y poner al frente de la Fiscalía a la señora Delgado, de probada lealtad a la causa. El proceso, además, se sacralizará mediante una consulta a la ciudadanía catalana. Con lo que se hará patente la asimetría que, desde el principio, se está produciendo en la negociación, pues los catalanes podrán votar cómo quieren su relación con los demás, mientras que el resto no podremos expresar si lo pactado nos gusta o no. Una asimetría que, a partir de ese momento, se convertirá en clara desigualdad política, pues los catalanes participarán en el gobierno de España en las Cortes, condicionando políticas generales que nos afectan a todos (incluso poniendo y quitando Gobiernos), pero los demás no podremos participar en lo que les afecte a ellos. Habrá, pues, dos clases de españoles.

El resultado final no será el divorcio entre Cataluña y el resto de España, sino una separación en la que cada parte hará vida separada manteniendo un vínculo cada vez más lejano, hasta que se rompa con la siguiente generación, como previó Mario Iceta.

Aceptémoslo. Los independentistas catalanes perdieron la batalla del 1 de octubre y la del Supremo, pero, al final, están ganando esta guerra. Gracias a Dios, incruenta. Lo que nos queda por ver es la letra pequeña de esta rendición. Y cómo nos la envuelven.

* Profesor de Política Económica Universidad Loyola Andalucía