La realidad, apoyada en el uso de las nuevas plataformas tecnológicas, está yendo muy por delante de la capacidad normativa e inspectora de la Administración. Así se comprueba en el caso de las viviendas turísticas, un fenómeno que en Córdoba es más reciente que en otras capitales, pero que ya ha despegado con bastante intensidad, creando una situación de difícil control --al desarrollarse en el ámbito de los acuerdos entre particulares o a través de portales de internet-- y generando el descontento del sector hotelero, que se dice víctima de competencia desleal.

La regulación de los pisos turísticos, que corresponde a la Junta de Andalucía, está en marcha, pero con mucha lentitud, dado que, además, la normativa es reciente. Así lo prueba el hecho de que en Córdoba hay 17 apartamentos autorizados de las 423 solicitudes registradas, es decir, propietarios que quieren actuar conforme a la legalidad, pero están pendientes de los trámites administrativos. Sin embargo, la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor) asegura que más de 900 de estos alojamientos se anuncian en internet, lo que implica que más de la mitad de la oferta de viviendas turísticas en la capital es clandestina. Esto, además del perjuicio económico para los operadores turísticos que sí pagan sus impuestos, dificulta tanto el control de calidad y seguridad de la oferta como la salvaguarda de los derechos de los inquilinos, y genera nuevas bolsas de economía sumergida en una Córdoba en la que es imposible saber cuál es la realidad del paro y de la actividad económica. Además, impide hacer estadísticas ajustadas sobre el número de visitantes que recibe la capital y tomar decisiones sobre programación y estrategias de mercado. Como añadido, este fenómeno puede dar lugar a subidas de precio de los alquileres, como en algunas ciudades, donde es casi imposible arrendar una vivienda para uso habitual a un precio razonable.

El daño, pues, es considerable, pero Córdoba está a tiempo de reconducir la situación, pues se sitúa todavía muy lejos de otros puntos turísticos que se ven desbordados, y en donde los abusos han ocasionado problemas de convivencia con los habitantes. Córdoba está lejos de ese politizado y radical movimiento de turismofobia y deplorables agresiones que se están dando en Cataluña, Mallorca o en el País Vasco, surgido con esa excusa, pero que podría haberse amparado en cualquier otro motivo, y que daña la imagen de España como destino turístico. Pero nuestra capital requiere, como así ha entendido el gobierno municipal por muy discutidos --y en algunos casos discutibles-- que sean los planteamientos del teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, un cuidado especial por su triple condición de Patrimonio de la Humanidad. En este caso, corresponde a la Junta de Andalucía dotarse de recursos para agilizar el estudio y concesión de autorizaciones a las viviendas turísticas, y a los organismos de inspección de trabajo y fiscal intensificar el control para que esta legítima oferta turística se desarrolle conforme a la legalidad.