Llevamos unos días asistiendo como aparecen en los medios de comunicación filtraciones de las actuaciones de la Operación “Lezo”, en la que entre otros está detenido Ignacio González. Se habla del supuesto ”chivatazo” del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al que hace referencia un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, y que el Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, desmiente. Comparecencias y explicaciones del secretario de Estado de Seguridad diciendo que es totalmente falso que él diera chivatazo alguno, si bien reconoce haber mantenido una reunión con el hermano de Ignacio González; y apoyo público del ministro de Interior a su número dos.

No puede ser que en temas judiciales haya filtraciones a la prensa, de forma intencionada y sesgada de partes del sumario, con clara intencionalidad, cuando el sumario está bajo secreto judicial. Tampoco que estemos presenciando continuos desmentidos, justificaciones y aclaraciones del secretario de Estado para la Seguridad que no solo debe de velar por la Seguridad del Estado y de todas sus instituciones, entre ellas la judicial, sino que debe cuidar muy mucho de las relaciones personales y reuniones que pueda tener precisamente por su cargo público. No digo que hubiera chivatazo por su parte, que lo desconozco, sino que deben evitarse situaciones como la que se ha producido y perder el tiempo con explicaciones, incluso de algo que puede no haber ocurrido, porque todo esta circunstancia lo que crea es más confusión, desconfianza e inseguridad.

En los casos de investigación de la corrupción, que a todos nos indigna, se ha de confiar en los órganos judiciales y en las fuerzas y cuerpos de seguridad que cooperan con ellos, sin injerencias de ningún tipo. Ni de filtraciones selectivas, ni de opiniones de políticos de los distintos partidos que hacen manifestaciones al gusto, según le favorezca o no a ellos mismos o al contrario, para utilizarlo como arma arrojadiza en su contra, ni de mediaciones de órganos de fiscalía y del propio gobierno que no puedan justificarse como propias de su misión pública; pues en caso contrario se contribuye en dicho escándalo evitando que la verdad y justicia salga a la luz. No solo se ha de garantizar la seguridad de las instituciones, sino la independencia de la Justicia porque es la base de un Estado de Derecho y de la seguridad jurídica para todos. Por ello, el cumplimiento de las obligaciones de las instituciones públicas han de estar dirigidas a ese fin, y además parecer que así lo hacen.

* Abogada