Es un hecho constatado por la historia que la violencia cuando se ejerce por grupos descontrolados multiplicándose y llevada a cabo sobrepasando el poder legítimo, o con el desentendimiento, o la pasividad, o la pusilanimidad, o la connivencia de aquel, se acaba transformado en una catástrofe. La única entidad legitimada para ejercer actos violentos es el mismo Estado, y máximamente el democrático, únicamente atendiendo a su propia defensa mediante las fuerzas públicas que, dependiendo del poder ejecutivo, son encargadas por expreso mandato de mantener el orden constitucional. Así pues, todos aquellos individuos que motu proprio u organizadamente realicen actos violentos que alteren o amenacen las habituales normas y modos de convivencia ciudadana y ataquen a las personas, físicas o jurídicas, deben ser puestos de manera inmediata a disposición judicial.

Y es que ahora en Cataluña, en los últimos días, algunos, alentados por los soportes radicales y xenofóbicos denominados CDR (comités de defensa de la república), y otros elementos afines, campan a sus anchas haciendo del orden civil mangas y capirotes, adueñándose nada amablemente de los espacios y de las vías públicas, insultando, bloqueado la circulación peatonal, coaccionando y restringiendo dolosa y ostensiblemente la libertad de movimientos de los ciudadanos e incluso iniciando la utilización de artefactos explosivos e incendiarios colocados en aquellos locales o negocios de los poco o nada afectos al independentismo. Sin que a todo ello al parecer se le ponga freno debido. Y definitivamente.

Obviamente la criminal e inicial actuación de tales comandos conlleva la semilla de lo que en poco tiempo puede llegar a crecer y ser algo mucho más peligroso y dañino convirtiendo la situación que pueda alcanzarse en ingobernable, en el supuesto caso que no se ejerza por el Estado democrático y de derecho su legítima acción coercitiva. Altercados que no son descartables que se produzcan cuando al fin se decida por la justicia alemana conceder la prevista extradición del fugado Carlos Puigdemont .

* Doctor ingeniero agrónomo. Licenciado en Derecho.