La Unión Europea (UE) aprobó hoy un presupuesto para 2018 dotado con 160.100 millones de euros, cifra superior a la de 2017, y centrado en la creación de empleo, en particular entre los jóvenes parados, y la gestión de la inmigración.

El Consejo (países de la UE) y el Parlamento Europeo (PE) dieron hoy el visto bueno al acuerdo logrado el pasado día 18 sobre ese presupuesto.

"El PE y el Consejo comparten dos prioridades principales para el año financiero 2018: abordar la inmigración y la seguridad e impulsar la innovación, el crecimiento y el empleo en Europa. Estoy seguro de que hemos logrado un resultado bueno y equilibrado", dijo el viceministro de Finanzas de Estonia, Mart Kivine, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre.

El PE respaldó hoy el proyecto presupuestario con 295 votos a favor, 154 en contra y 197 abstenciones, después de la aprobación por el Consejo (países de la UE) el pasado sábado.

El texto fue a continuación rubricado por el presidente del PE, Antonio Tajani.

El Parlamento consiguió un incremento de 116,7 millones de euros en créditos de compromiso para la Iniciativa de Empleo Juvenil, hasta los 350 millones, explicó la Eurocámara en un comunicado.

Las partidas destinadas al programa Erasmus+ en el nuevo presupuesto aumentarán un 12,1 %, hasta los 2.300 millones de euros, según el Consejo.

Asimismo, se incrementa la financiación en el programa de investigación Horizonte 2020 (110 millones más) y COSME (para apoyo a las pymes, 15 millones más).

Las agencias en el ámbito de la inmigración y la seguridad recibirán 940 millones de euros, un 8,9 % más que en 2017.

En particular, se eleva el presupuesto de Europol (3,7 millones de euros adicionales y 10 nuevos puestos) y Eurojust (1,8 millones más y 5 puestos).

Por otra parte, prevé 5 millones de euros adicionales para la Agencia Europea de Asilo y 80 millones más de dotación para la acción exterior en ese ámbito con respecto a la propuesta inicial de la CE.

El presupuesto de 2018 reduce además la cuantía de los fondos pre-adhesión para Turquía en 105 millones de euros y deja congelados otros 70 millones en créditos de compromisos por el deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el país.