Solo Islandia superaba a Nueva Zelanda en el último índice global que mide la calma o paz social de los países. Hasta ahora porque es previsible que en el próximo baje varios puestos tras esos 36 minutos que le bastaron a un enajenado supremacista para dejar 49 muertos en dos mezquitas. Nadie presta atención a cuestiones clasificatorias en el día posterior. El país está ocupado en esa litúrgica búsqueda de respuestas que sigue a este tipo de masacres. ¿Por qué ese tipo sobrevoló el radar policial? ¿Por qué la ley le permitió adquirir cinco armas? ¿Y por qué en Nueva Zelanda? De entrada, el Gobierno se dispone a endurecer el acceso a las armas.
Brenton Harrison Tarrant, el nuevo rostro del horror, compareció ayer ante un tribunal de Christchurch para escuchar los cargos de asesinato. Es muy probable que no sean los últimos, aclaró el magistrado. Fue un trámite fugaz para este australiano de 28 años, quien apareció esposado y con el uniforme blanco penitenciario. No regaló ninguna expresión facial reseñable y se despidió haciendo con los dedos de una mano un signo que utilizan los supremacistas blancos.
Las investigaciones atribuyen a Tarrant la mortandad íntegra. Permanecen detenidas otras dos personas por su relación con el caso. Uno es Daniel John Burrough, de 18 años, acusado de delitos de hostilidad racial y de odio. Del otro no ha trascendido el nombre ni su vinculación. Una cuarta persona armada fue detenida en las horas posteriores y liberada tras explicar que acudía a la mezquita para ayudar a la Policía.
Las armas monopolizan el discurso político. «El caso es que este individuo adquirió una licencia y compró todas esas armas de gran calibre. Es obvio que la gente quiera cambios y estoy comprometida», resumió la primera ministra, Jacinda Arderm.
Las reformas serán debatidas en la reunión de mañana del Gabinete de Gobierno. Está previsto que anuncie la prohibición de las armas automáticas y también medidas para dificultar que los usuarios conviertan sus armas legales en rifles de asalto de estilo militar. Las usadas el viernes, dijo Arden, «parecían haber sido modificadas». El comisionado de policía, Mike Bush, afirmó que podían ser compradas con la licencia de categoría A. Esa licencia, que posee Tarrant desde diciembre del 2017, es la más básica y no exige el registro de las armas.
Las armas semiautomáticas pueden ser adquiridas en Nueva Zelanda sin mayores problemas y la licencia apenas requiere los 16 años cumplidos y superar un breve cursillo sobre seguridad. El lobi de armas ha sido tradicionalmente potente y ha impuesto contra los abolicionistas la presunta necesidad de la caza recreativa o la defensa en las zonas rurales.
El cuadro actual obliga a recordar la masacre de Port Arthur ocurrida en la isla australiana de Tasmania en 1996. Un enfermo mental mató entonces a 35 personas con sus armas semiautomáticas y el lobi armamentista sucumbió ante las reclamaciones sociales de más seguridad. No es improbable que la sucesión de actos se repita en la vecina Nueva Zelanda. Supone un contrasentido que la Policía patrulle desarmada en un país con 1,2 millones de armas sobre una población de 4,8 millones.
La legalidad vigente permitió que Tarrant acumulara un arsenal con rifles semiautomáticos y escopetas. También inquieta que no estuviera fichado a pesar de sus manifiestos racistas colgados en la red. Ninguno de los tres detenidos figuraba en las listas neozelandesas ni australianas. «He pedido a nuestras agencias de inteligencia que investiguen rápidamente si había actividades en las redes sociales que deberían haber estimulado una respuesta», dijo la primera ministra.
Entre los detalles de la vida del asesino que empiezan a aflorar destacan sus viajes a Bulgaria a finales del año pasado donde visitó enclaves históricos como antiguos campos de batalla en los que se enfrentaron ejércitos cristianos y otomanos. En el 2016 visitó los Balcanes. La pista se encontró en las inscripciones en las armas utilizadas para la masacre de nombres de importantes batallas.
