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JUICIO DEL 'PROCÈS' / TESTIMONIO CLAVE

Trapero: "Los Mossos estábamos preparados para detener a Puigdemont si se nos pedía"

Atribuye un "punto de irresponsabilidad" al 'exconseller' Forn por sus declaraciones

 

El major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, saluda al coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo contra el referéndum del 1-O. - EL PERIÓDICO/ ARCHIVO

El 'major' de los Mossos, Josep Lluís Trapero, declaró este jueves en el juicio del 'procés' que, si se consideraba necesario, los Mossos tenían "un dispositivo preparado" para detener el 27 de octubre del 2017, día en que se declaró unilateralmente la independencia, al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los 'consellers'. Según su versión, estaba previsto el arresto dos días antes, pero no se materializó, porque nadie finalmente lo ordenó. Añadió que el día de la DUI él se puso a disposición del fiscal Superior de Cataluña, el fallecido José María Romero de Tejada, y del presidente del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, para lo que precisaran, pues la situación era "grave".

Previamente había declarado ante el tribunal del 'procés' que en reuniones de septiembre, y en concreto "en esa reunión de la que no estamos hablando", la del día 28, a la que asistió el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, advirtió de que el 1-O "podía desembocar en desórdenes públicos". Durante el interrogatorio se pudo llegar a ese asunto a través del informe de los Mossos del 29 de septiembre en el que planteaba los distintos escenarios del 1-O, en los que habría "resistencia pasiva" en la mayoría de los centros de votación y previsiblemente "activa" en algunos zonas o barrios. 

El tribunal había decidido por unanimidad impedir a la fiscalía preguntar por la reunión del 28 de septiembre porque desborda el interrogatorio de la acusación popular que ejerce Vox, que fue la única parte que lo propuso. Cuando volvió a sacar el asunto, la defensa del 'exconseller' Joaquim Forn se quejó de la fiscalía "se va por la puerta y entra por la ventana". Pero eso no impidió que Trapero ampliara su respuesta al mencionar la actuación policial que sería necesaria para cerrar colegios y los dos millones de personas dispuestas a votar se "iban a provocar problemas de orden público y seguridad ciudadana", al menos en centros en los que "se sabía que habría grupos con cierto punto de radicalidad".

Poco antes había declarado que "había un punto de irresponsabilidad" en la actuación del conseller Joaquim Forn en relación con el papel que tenía que cumplir la Policía de la Generalitat, aunque para restarle importancia añadió que se trata de un "político, que hace política" y que "el cuerpo tiene la fuerza que tiene". Se refería a sus declaraciones relativas a que los Mossos garantizarían la votación el 1-O. A preguntas del letrado Javier Melero, negó que en la reunión del 28 de septiembre el Govern diera alguna instrucción al cuerpo y precisó sus palabras sobre Forn: "Causaban malestar algunas declaraciones, como las de Forn, que confundían a la gente sobre lo que es el papel de los Mossos. Daba una imagen que ahora estamos pagando y por eso he dicho que fue un punto irresponsable.”

El ministerio público se interesó por la crisis del Govern de julio que motivó la marcha de Jordi Jané de la Conselleria de Interior, cuya responsabilidad la asumió Forn. "¿Tuvo usted alguna explicación por parte de Jané de por qué se marchaba?", preguntó Javier Zaragoza. "Me dijo que por la deriva política y porque él no quería correr un riesgo y estaba incómodo", respondió Trapero, que agregó que pese a los derroteros por los que iba el discurso de Forn, "respetaba el cuerpo".

Forn también estaba en la reunión en la que según el comisario Manel Castellví la cúpula de los Mossos pidió a Carles Puigdemont que desconvocara el 1-O por el riesgo de violencia. El testigo apenas pudo señalar que también pidió que estuviera la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, aunque no estuvo, porque el letrado Javier Melero advirtió de que Vox, que es quien proponía el testimonio, no había abordado ese asunto, lo que impedía tratarlo como ocurrió con otros testigos, como el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Previamente había negado ante el tribunal del 'procés' que el dispositivo Ágora, del que dijo que era "gubernativo para cubrir necesidades de protección" de altos cargos de la Generalitat o políticos destacados, tuviera "intención de facilitar el referéndum", que más adelante él mismo calificó de "ilegal". Añadió que impedir el 1-O venía dado por mandato judicial y enmarcó el dispositivo "en un momento en el que Cataluña está un momento de conflictividad", lo que "deriva en algunos incidentes", como escrachea. Sostuvo que "se establecía a personas de diferentes sesgos ideológicos o instituciones". Debió entrar en vigor el 4 de septiembre, pero lo hizo unas dos semanas después por los atentados del 17 de agosto, y debían mantenerse hasta mediados de octubre, incluyendo el 1-O. Su eficacia se extendía hasta mediados de octubre e incluía el 1-O. 

Llamó a Sànchez por Forn
El testigo, que pese a estar acusado en la Audiencia Nacional de un delito de rebelión accedió a contestar a todas las preguntas, explicó que mantuvo más de 40 llamadas con el entonces presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, durante la protesta del 20 de septiembre frente a la Conselleria d'Econòmia, después de que el 'conseller' Joaquim Forn le indicó que llamara al líder de la asociación soberanista "para intentar mediar" en lo que está ocurriendo.

Trapero respondió a la acusación que ejerce Vox diciendo que no sabía si llamó 21 veces a Sànchez, pero "sí muchas", y recibió otras 22 de su interlocutor. Con la intendente Teresa Laplana solo mantuvo una llamada que no llegó a dos minutos, pero explicó que entre ambos hay dos superiores. Añadió que durante todos el día hablan "constantemente con la Guardia Civil": "hay una interlocución que dura todo el día entre el comisario Ferran López y el coronel (sic) de la Guardia Civil".

Cuando habla con el presidente de la ANC recibe "el mensaje" de que "con la gente que tiene ascendente intentará ayudar". Según el testigo, hacia la una y media le pidió ayuda para hacer "un cordón de voluntarios del servicio de orden de la concentración por el que debían transitar los deternidos que debían pasar al registro". Las últimas fueron después de recibir la del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Maria Barrientos, "preocupado", por la salida de la comisión judicial, a partir de la que se implica "personalmente más" que en cualquier otra concentración por esa llamada.

Explicó que habían "previsto un cordón policial de la brigada móvil", para sustituir al de voluntarios, compuesto por "entre 15 a 20 agentes de escolta de paisanos que estaban dentro del departamento de Economía. Dentro de esa capsula debía salir la comisión", porque lo consideraron "seguro". La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, finalmente salió por la azotea a un teatro anexo.

Trapero explicó que a las 11 y cuarto de la noche le telefoneó el propio juez del 13, que es "la primera noticia de que el registro se ha acabado" y que "la comitiva ha acabado y quiere salir". Es entonces ordenó que se deje de hablar con la Guardia Civil y se hable directamente con ella, como no hay tiempo de montar de nuevo del pasillo, es cuando se piensa en el teatro, para lo que debe esperar a que acabe la función, aunque finalmente no salió mezclada entre el público.

En cualquier caso durante todo el día la única violencia que describió fue el "lanzamiento de una botella de agua a dos agentes del area de mediación". Señaló que en esa concentración hubo unos 300 efectivos, entre ellos cuatro unidades de la Brigada Móvil. En el centro de mando señaló que no se supo que había armas en los coches de las Guardia Civil que quedaron destrozados hasta la madrugada, aunque dentro se supiera antes. Lo que se hizo fue pedir a los voluntarios que hicieran un cordón para evitar problemas.

Delegar en Ferran López
Justificó su oposición al nombramiento del coronel Diego Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo del 1-O en que entendía que debía ser más político y no de un mando operativo que debía comunicarse de Interior a la Consejería de Forn. "Una cosa es expresar que pensaba que no era la persona oportuna y otra que no se cumpliera la orden de la fiscalía, lo que no se dio en ningún momento", explicó para enmarcar la carta remitida al cuerpo como una forma de tranquilizarles ante su preocupación porque otro asumiera el mando.

Admitió que quizá no estuvo fino en las reuniones de coordinación, pero lo desvinculó de la inactividad atribuida al cuerpo. En la del 23 el fiscal le dijo que desde Fiscalía General del Estado le habían dicho que "el plan de los Mossos parecía más para favorecer el referéndum que para impedirlo". Pero el testigo insistió en que las dudas que planteaba se debían a su intención de cumplir el mandato recibido y que solo los Mossos habían presentado un dispositivo, aunque se considerara más propio de unas elecciones legales. A la del día 25 ya fue Ferran López, lo que según Trapero sintió "como una liberación", porque entendía "que no estaba haciendo un buen papel" con Pérez de los Cobos.

Explicó que la mañana del 27 cesan las acciones de fiscalía y "vamos a un nuevo escenario" a partir de la orden a la magistrada del TSJC, Mercedes Armas, que, según Trapero, llegó a precisar que las que había dejaban de tener vigor y dictó hasta un segundo auto para que quedara constancia de que los tres cuerpos son policía judicial y que Pérez de lo Cobos les supervisará a todos.

Para diferenciar una de otra puso como ejemplo que la primera ordenaba no solo cerrar los colegiso, sino hacer un cerco de 100 metros alrededor de colegios electorales desde el viernes, lo que suponía un dispositivo de 40.000 efectivos, con el que no contaba y que la magistrada que les pidió que actuaran con paciencia, contención y garantizando la paz social". "Evitar el 1 de octubre es muchas cosas y se puede hacer de muchas maneras. La instrucción y la orden apuntaban a diferentes maneras", explicó.

Defensa de los Mossos
Durante su declaración negó la inactividad del cuerpo. Aseguró que Ferran López había transmitido en las reuniones que los mossos harían lo "de los días previos" y que "el grueso del orden público estaba en manos de la Guardia Civil y Policía Nacional", porque "ellos tenían 6.000 efectivos" y la Policía de la Generalitat "800". Destacó la labor del binomio o pareja de mossos en cada centro se había comunicado y zanjó el rifirrafe que tuvo con Zaragoza en relación con las cifras, porque según constaba en la causa se movilizaron a 7.850 mossos, con un "nos hubiera encantado que hubiera más resultados, pero hubo los que pudimos hacer entre todos".

Además, sostuvo que los Mossos pueden usar la fuerza, pero "para repeler violencia contra los agentes o un tercero". Por lo que se indicó en las reuniones que actuarían "con serenidad y siendo especialmente cuidadosos con el uso de la fuerza". "Pérez de los Cobos decía que eso no podía ser una excusa para impedir la votación, una afirmación que me resulta ofensiva", agregó. 

Situó la ruptura de la coordinación el 1-O en el momento en que ven las actuaciones en colegios por la Guardia Civil y la Policía Nacional, donde no los habían solicitado, motivo por el que López llamó a Pérez de los Cobos. "Ahora te llamo y no le vuelve a llamar", precisó, aunque le ve en la reunión con la magistrada Armas. "Esa coordinación no es la que habíamos acordado y desconozco las razones", precisó. "Desde mi percepción el esfuerzo fue el máximo que podíamos hacer y el máximo que históricamente había hecho el cuerpo", dijo.

Explicó que conoce los "datos reales" de la actuación de los Mossos del 1-O. Entre los que cifró "134 o 139" colegios que se cerraron durante el día, de ellos 24 no llegaron a abrir por acción de primera patrulla, 104 por la actuación de Arro (equipos de intervención). Añadió que "en algunos de ellos se colocaron delante de la puerta y que de esa manera ya no se pudiese votar más", y que otros 250 no llegaron a abrir, por el "trabajo previo que se hizo el fin de semana". En cuanto a las modificaciones de actas lo justificó con cambios de fechas y horas. Y negó categóricamente las vigilancias a guardias civiles y policías; "si alguien lo ha hecho, deberá dar cuenta", dijo.

Sin pedido a Unipost
Previamente había comparecido ante el tribunal Teresa Prohias, directora de Servicios de Políticas Digitales y en 2017, de los Servicios del Departamento de Presidencia, quien declaró ante el tribunal que, tras recibir un requerimiento de la Guardia Civil, comprobó que no existía ningún expediente por importe de 240.000 euros firmado entre la Generalitat y Unipost, lo que en su opinión significa “que no hubo tal pedido”. Aseguró que solo existía un convenio marco para facilitar material electoral por 6.000 y 12.000 y que este último ni siquiera se había agotado.

Y en cuanto a las facturas libradas por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, una por 93.179 y otra por 184.000 euros, contra la Generalitat señaló que no constaban por ningún sitio y al pedir explicaciones al presidente de la corporació le “contestó que eran por anuncios del referéndum”. Añadió que los servicios jurídicos recordaron que el ente tiene un compromiso de servicio público y que se debían enmarcar en el contrato firmado entre instituciones.

Era la campaña Civisme, la de las vías del tren, presupuestada en 2.7 millones de euros y que quedó desierta, porque las empresas a las que se adjudicó su difusión en medios renunciaron al decirles estos que era política y quedaba fuera de tarifa. La de la campaña del registro de catalanes en el exterior no se abonó tras recibir la comunicación de que se estaba investigando en el Jugado de instrucción número 13 de Barcelona.