Las cuentas no salen. Ni en España, ni en Cataluña, ni en Barcelona. La fragmentación política de los últimos tiempos ha traído consigo la necesidad de abordar pactos cada vez más complejos, y hay pocos pactos de mayor relevancia que el de unos presupuestos, sea donde sea. Nadie tienen asegurado la aprobación de las cuentas públicas. Más bien al contrario, pese a los intentos de Ada Colau y Pablo Iglesias de sellar un triple acuerdo estatal, autonómico y municipal. La crisis territorial, y en especial el reciente escrito de acusaciones de la fiscalía a los dirigentes del procés, provoca que un entendimiento de este alcance entre el independentismo y el Gobierno de Pedro Sánchez parezca inverosímil.

El entorno del líder socialista lo empieza a asumir. El presidente y sus ministros insisten en que la batalla no está perdida. Dicen que queda mucho camino por recorrer, que hasta marzo hay tiempo para alcanzar un pacto, pero también reconocen su enorme dificultad. En un primer momento, en la Moncloa confiaban en el apoyo de ERC y la abstención del PDECat a su proyecto de Presupuestos, redactado a medias entre Sánchez e Iglesias, que incorpora avances sociales como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, la revalorización de las pensiones y más fondos para la dependencia. Ahora son cada vez menos los que apuestan por esta posibilidad.

El discurso oficial del Ejecutivo, aun así, señala que la negociación de las cuentas estatales continúa. Las conversaciones con el PNV han comenzado y la mano está tendida para que republicanos y posconvergentes se sumen después. La Moncloa presiona al independentismo con dos argumentos: el juicio del procés no tiene «nada que ver» con los Presupuestos, dicen los colaboradores de Sánchez, y si no salen las cuentas Cataluña se quedará sin los 2.200 millones de euros que el proyecto incorpora para la comunidad autónoma, una cifra que el Govern corrige y deja en 350 millones.

El Gobierno, en cualquier caso, ya tiene perfilado un plan alternativo ante el previsible fracaso de sus cuentas: aprobar algunas de las medidas de mayor impacto, como el aumento del SMI, a través de reales decretos para su posterior tramitación en el Congreso. Tanto ERC como el PDECat han dado muestras de estar dispuestos a apoyarlas si llegan a la Cámara baja por separado. Sánchez podría así mantener la iniciativa política, con el objetivo de llevar la legislatura hasta finales del 2019 o incluso el 2020. Porque pase lo que pase, con o sin Presupuestos, el presidente no contempla un adelanto de los comicios a corto plazo.

El Govern, por su parte, tratará de cuadrar el círculo y sacar adelante sus propios Presupuestos sin dar apoyo a las cuentas de Sánchez. En la Generalitat son conscientes de que la jugada es arriesgada y con muchos visos de fracasar, pero la otra opción, la de dar el sí al socialista, no se prevé a estas alturas del partido. «Una cosa es apoyar al PSOE para echar al PP y la otra dar aire a un Gobierno que, vía Abogacía del Estado, ha endurecido las acusaciones con la sedición en un contexto general marcado por la presencia de un delito inventado como el de rebelión», apunta una voz que, con cautela, añade: «Todo es susceptible de cambiar siempre».