Los agentes de la Guardia Civil que investigan la relación de la epidemia con la marcha del 8-M quieren leer los email del doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), y, junto con el ministro Salvador Illa, principal cara sanitaria del Gobierno en la crisis.
Así lo manifiestan los guardias en una de las conclusiones del informe de Policía Judicial que el 1 de junio elevaron a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, y que trascendió ayer. La jueza instruye una denuncia contra la Delegación del Gobierno en Madrid por permitir el multitudinario evento feminista .
La Guardia Civil ha leído los correos de dos cuentas del CCAES, pero se queja a la jueza de que «se observan direcciones de correo ‘adicionales’ asociadas al CCAES y distintas de las dos facilitadas». Entre ellas, «la dirección del propio director del CCAES, don Fernando Simón Soria, de la que no ofrecen información alguna».
Lo expresado sobre Simón va mucho más allá de lo que se pudo ver en el adelanto del atestado, cuya filtración -y la falta de explicaciones sobre ella, según Interior- causó el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y la crisis política que atenaza al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
PIEZA CLAVE / El atestado concluye también que el CCAES «sabía» desde el 10 de febrero que se debían prevenir contagios, y tenía un «grado de conocimiento de la enfermedad y su posible gravedad».
El contenido del informe confirma la sospecha de fuentes del Gobierno de que Fernando Simón, director del CCAES, es la pieza que se quieren cobrar las distintas acusaciones, y no solo el delegado del Gobierno.
La imputación de José Manuel Franco es, interpretan estas fuentes, solo un paso intermedio en la estrategia de querellas que impulsa Vox.
«El delegado del Gobierno es el que otorga el permiso para las manifestación», explica el abogado Víctor Valladares, primer denunciante del caso del 8-M. Valladares presume que Simón, e incluso el ministro Salvador Illa, tienen también responsabilidad en el caso. Y lo argumentará en su momento, explica, con los artículos 410 y 412.1 del Código Penal.
El atestado trascendió justo en la jornada posterior a la más tensa sesión parlamentaria que ha vivido Grande-Marlaska. En la resaca, el ministro Salvador Illa negó que Sanidad tuviera «evidencia científica» de la gravedad de la epidemia antes del 8 de marzo como para prohibir actos, como sostiene el informe policial.
Al tiempo, el PP lanzó mociones en ayuntamientos y diputaciones de toda España para exigir la dimisión del ministro del Interior, al poco de una declaración del ministro de Consumo, Alberto Garzón, considerando que en las Fuerzas de Seguridad hay «elementos reaccionarios» que «asumen como propio el discurso del golpe de Estado».
Entre tanto, la jueza Rodríguez-Medel ya estudia un atestado en el que abundan los contenidos periodísticos como base de averiguaciones policiales. «Es pura construcción argumentativa», para el entorno de la defensa del Gobierno.
VÍDEO DE MONTERO / La información de «fuentes abiertas» ocupa 66 páginas en el atestado. La más sonada de ellas es un vídeo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con frases descontextualizadas sobre cómo el temor al virus redujo la asistencia a la marcha del 8-M, sobre todo en Madrid. El informe recoge esas frases de una noticia que ABC publicó la mañana del 1 de junio. Los guardias civiles autores del atestado lo firmaron a las 14.00 del mismo día.
