El fiscal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, no tiene duda alguna. El alto tribunal debe investigar a la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude administrativo y falsedad de documento, por la presunta fragmentación de contratos para beneficiar al informático Isaías Herrero mientras ella estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre enero de 2013 y el mismo mes de 2018.

Dada su condición de diputada, que acaba de adquirir en su plenitud esta misma mañana en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, es aforada, por lo que solo puede ser investigada y, en su caso, juzgada por el Tribunal Supremo. Para ello será necesario solicitar el correspondiente suplicatorio a la Cámara baja para poder interrogarla como imputada, salvo que ella renuncie a esa prerrogativa y decida comparecer voluntariamente para declarar ante el alto tribunal por los hechos que se le imputan.

El fiscal hace suya la exposición razonada enviada por la jueza de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, que es demoledora contra la diputada al incluir correos en los que propone la fragmentación de contratos para evitar que deban ser adjudicados por concurso público y conversaciones de Isaías en las que se jacta de su relación con Borràs y cómo ello le asegura los contratos.