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La sentencia del ‘caso Palau’ Páginas 38 y 39

El epitafio de Convergencia

Ordena el decomiso de fondos de la formación y condena a prisión al extesorero Daniel Osàcar. La Audiencia de Barcelona da por probado que el partido cobró 6,6 millones en comisiones ilegales

 

Félix Millet, tras conocer la sentencia de la Audiencia de Barcelona, ayer. - JORDI COTRINA

D. G. SASTRE / J.G. ALBALAT
16/01/2018

Más que sobre un asunto judicial, la Audiencia de Barcelona dictó ayer sentencia sobre una época y una manera de hacer política en Cataluña. El fallo del caso Palau da por probado que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) cobró comisiones ilegales por al menos 6,6 millones de euros de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obra pública. Pasqual Maragall dio en el 2005 la voz de alarma: «Ustedes tienen un problema que se llama 3%». Ahora, las implicaciones políticas de la sentencia, en un momento en que los herederos del partido que fundó Jordi Pujol negocian las líneas maestras de la próxima legislatura, son evidentes.

Eso sí, nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad de una década (desde 1999 hasta el 2009) de financiación irregular. El PDECat, el partido en el que se convirtió Convergencia en julio del 2016 pensando precisamente en la sentencia del caso Palau, se pronunció ayer como si no tuviera nada que ver con su predecesora. Tampoco Artur Mas, líder de Convergencia durante gran parte de los años en los que el partido cobró comisiones ilegales según la Audiencia, se dio por aludido.

DECOMISO / La sentencia considera probado que tanto la formación política como la empresa utilizaron para canalizar esos fondos el Palau de la Música y la complacencia de los que eran hasta el 2009 sus máximos directivos, Félix Millet y Jordi Montull. Así lo considera acreditado el tribunal de la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona, que condenó a la formación política por haberse financiado irregularmente durante una década (1999-2009) y acordó el decomiso de la cantidad cobrada ilegalmente, 6,6 millones de euros. Al extesorero convergente, Daniel Osàcar, se le impuso una pena de cuatro años y cinco meses de prisión. CDC recurrirá el fallo judicial. La sentencia relata que el expresidente del Palau, Félix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, también condenados, mediaron para poner en marcha un sistema que permitió que Ferrovial pagara comisiones a CDC a cambio de obras públicas gestionadas por la Generalitat, como la línea 9 del metro de Barcelona o la Ciudad de la Justicia, o entidades locales en manos del partido. Para ello, los dos exmáximos responsables de la entidad cultural pactaron primero con el extesorero convergente, Carles Torrent, fallecido en el 2005, y después con su sucesor, Daniel Osàcar.

Para el desembolso de comisiones, los exdirectivos de la entidad cultural, según la sentencia, pusieron a disposición de Ferrovial y de CDC la estructura económica del Palau para poder ocultar los pagos y los cobros bajo la forma de patrocinio. Los magistrados relatan que los ingresos efectuados por la construtora en el auditorio «iban destinados en mayor parte» a abonar las comisiones al partido para que se le adjudicara obra pública, «empleando para ello su influencia sobre personas que debían resolver» dichos contratos. Los extesoreros, agrega la sentencia, «garantizaban que otros responsables del partido, que no han podido ser determinados», ejercieran las presiones sobre los cargos públicos de su formación.

COMISIONES DEL 4% / Las comisiones que Ferrovial y CDC pactaron que pagaría la constructora eran del 4% del importe total del importe de las adjudicaciones de las obras públicas. El 2,5% era para el partido y el 1,5% para Millet (1%) y Montull (0,5%). Este acuerdo, incide la resolución, se mantuvo «ininterrumpidamente» desde antes de 1999 hasta el 2009, cuando los Mossos registraron el auditorio barcelonés en busca de pruebas sobre el saqueo de la entidad.

Desde principio del 1999 hasta julio del 2009, el total de comisiones satisfechas al partido ascendió, como mínimo, a 6,6 millones de euros, que es la cantidad que el tribunal ordena decomisar. A través de este mecanismo, Millet y Montull lograron 3,5 millones de euros. CDC tiene 15 sedes embargadas cautelarmente, pero su valor es solo de 3,2 millones, con lo cual faltan 3,4 millones para cubrir toda la cantidad que le será decomisada.

Los fondos entregados por la constructora fluyeron hacia CDC por tres vías. La primera, la entrega de dinero en efectivo a sus extesoreros Torrents o Osácar (3,7 millones). La segunda, la emisión de facturas al Palau por servicios prestados realmente al partido. Y la tercera, los falsos convenios de colaboración entre el auditorio y la fundación Trias Fargas (ahora Catedem), vinculada a CDC. La Trias Fargas pactó en el 2009 la devolución del los 630.00 euros entregados por el auditorio.

Los magistrados han tomado en cuenta a la hora de condenar a CDC las confesiones de los dos máximos exdirectivos del auditorio, Félix Millet y Jordi Montull, y la hija de este último, así como la de dos empresarios que admitieron la confección de facturas falsas..