El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió ayer a que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros entrará en vigor en enero del 2019, haya un nuevo proyecto de Presupuestos para el año próximo o no. De hecho, Pedro Sánchez admitió por primera vez la fórmula del plan b para seguir al frente del Gobierno en una legislatura que se niega a dar por amortizada. A saber: no convocará adelanto electoral aunque no consiga aprobar los Presupuestos porque puede prorrogar los de Mariano Rajoy y, en paralelo, sacar adelante las medidas estrella de su proyecto a través de reales decretos ley. Aunque este planteamiento se había sugerido desde las filas del PSOE y el Ministerio de Hacienda, ésta es la primera vez que Sánchez habla abiertamente de la «prórroga» y del plan para driblar la austeridad de las viejas cuentas.
DESPEJAR DUDAS / Las dudas, en todo caso, se despejarán definitivamente en diciembre, cuando lleve al Congreso de los Diputados las cuentas públicas y la Cámara apruebe o rechace las enmiendas de totalidad. Mientras llegue ese momento, Sánchez se aferra a la posibilidad (remota) de que ERC y el PDECat se desdigan del portazo anunciado y apoyen los Presupuestos por «responsabilidad».
Las fuerzas independentistas se quitan de encima esa presión y ya han anunciado que respaldarán las medidas estrella que se saquen vía decreto, como la subida del SMI o las políticas de fomento del alquiler, pero no apoyarán sus cuentas. «¿Qué tiene que ver la subida del SMI con la situación judicial de los líderes encarcelados del procés?», se preguntó y acusó a los separatistas y a la derecha de aprovechar el juego de espejos para alimentarse mutuamente.
«No deja de ser curioso que unos me acusen ser cómplice de la represión y otros de estar hincado de rodillas ante el independentismo. ¿No será que al final unos y otros son cómplices de contribuir a la confrontación territorial y política?», cuestionó Sánchez.
El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, insistió ayer en reclamar elecciones si el Gobierno no logra aprobar los Presupuestos para sacar a España de esta situación y que sean los ciudadanos los que decidan quién debe gobernar el país.
‘Tasa Google’ / Pero el Gobierno no renuncia a sus planes. También sigue adelante con la creación del impuesto sobre determinados servicios digitales, a pesar de la posibilidad de que su entrada en vigor a nivel comunitario se retrase hasta el 2020, informa Silvia Martínez. Durante su intervención en la Conferencia Internacional de Banca del Banco Santander, la ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmó ayer que el proyecto de ley de la llamada tasa Google llegará al Congreso en las próximas semanas, después de culminar el trámite actual de información pública.
En Bruselas, sin embargo, la propuesta de directiva para gravar con un 3% la facturación de los gigantes tecnológicos no acaba de lograr la unanimidad que requiere su aprobación.
Para salvar el proyecto y convencer a los más reticentes, Francia, principal país valedor del plan, ha aceptado rebajar su ambición y retrasar la entrada en vigor del impuesto a finales de 2020.
La situación divide a los 27 países que componen la Unión Europea (el Reino Unido ya no participa en las decisiones de la UE, que deben de seguir negociando para acercar una postura común en esta polémica tasa.
