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pacto

El G-7 acuerda poner en marcha impuestos para las tecnológicas

Francia asegura que el consenso "es un gran paso" para una fiscalidad "más justa y más eficaz"

 

El G-7 acuerda poner en marcha impuestos para las tecnológicas -

18/07/2019

Los ministros de Finanzas de los países del G-7 han alcanzado un acuerdo sobre la puesta en marcha de una fiscalidad que grave las actividades digitales, aunque las empresas que las realicen no tengan presencia física en el país.

"Es un gran paso para la puesta en marcha de una fiscalidad más justa y más eficaz", destacó en conferencia de prensa el ministro francés, Bruno Le Maire, que durante dos días ejerció de anfitrión en la reunión con sus colegas en la ciudad de Chantilly, al norte de París.

Le Maire consideró que se trata de "un acuerdo ambicioso", ya que por primera vez se tienen en cuenta los desafíos de la economía digital. Francia ha puesto en marcha su propia tributación, lo que ha desatado las iras del presidente de EEUU, Donadl Trump.

España también defiende este gravamen y, de hecho, la ministra de Econoía en funciones y posible candidata a dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI), Nadia Calviño, anunció que el Ejecutivo la aprobará, aunque prefería que se aplicara a nivel europeo.

En concreto, el compromiso del G-7 prevé el desarrollo de reglas internacionales para tasar nuevos modelos de negocios, en particular aquellos que generan valor sin tener presencia física, como ocurre con muchas empresas del sector digital.

Los ministros del G-7 (EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) también se pusieron de acuerdo en la necesidad de establecer un impuesto de sociedades mínimo.

En este terreno, queda todavía pendiente el establecimiento de una horquilla de tipos mínimos.

El objetivo de todo esto, en palabras del ministro francés de Finanzas, es poner fin a la competencia desleal en el terreno fiscal y a la llamada "optimización fiscal".

"No queremos una competencia fiscal agresiva", ha añadido Le Maire, que ha explicado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que se ha encargado la negociación internacional, debe proponer una "arquitectura" para enero de 2020 de forma que se pueda tomar una decisión definitiva a finales de ese año.