La ministra de Política Territorial y Función Pública, Mertixell Batet, está decidida a ampliar el permiso por paternidad para los empleados públicos de la Administración General del Estado a partir del 2019 y para ello va a comenzar las negociaciones con los representantes sindicales a partir de este otoño.
El objetivo, según ha trasladado el Gobierno a Unidos Podemos, es que el actual permiso de paternidad (de cinco semanas) se equipare a las 16 semanas del permiso de maternidad de forma paulatina, hasta completar el proceso en el 2021. Pero ya en el 2019 habrá algún tipo de ampliación del permiso, según ha confirmado a este diario el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto.
La adopción de una medida de este tipo no es obligatoria para el resto de las administraciones (autonómica y estatal) y mucho menos para el sector privado, pero, según Benedicto, esta decisión en la Administración General del Estado servirá para marcar una tendencia muy clara en el conjunto de las relaciones laborales.
EN OCTUBRE / Dentro del diálogo con los representantes sindicales que el Ministerio prevé retomar este mismo mes, las negociaciones en torno al permiso de paternidad se abordarán previsiblemente en el mes de octubre. Ahí se decidirá el calendario de aplicación de la medida, que se pondrá a disposición de los casi medio millón de funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (unos 200.000), de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado (unos 260.000), de la Administración de Justicia (unos 24.400) y otros colectivos
Según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en los últimos años, la cifra de bajas por paternidad en la Administración del Estado (AGE) va en descenso, desde una cifra cercana a los 3.200 permisos en el 2015 a unos 2.800 en el 2017, fruto del progresivo envejecimiento de su plantilla. En las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, la edad media de la plantilla es algo menor. Solo en la AGE, se estima que ampliar a 16 semanas el permiso de paternidad tendría un coste aproximado de unos 12 millones de euros.
ATENCIÓN A NIÑOS Y MAYORES / También se negociará en las próximas semanas la puesta a disposición de los empleados públicos de la bolsa flexible de horas (el 5% de la jornada anual) para la atención de mayores, discapacitados o hijos menores con el objetivo de que pueda ser aprovechada en lo que reste del 2018 (en la parte proporcional del ejercicio).
Esta medida forma parte del «II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo» firmado por el anterior Gobierno del PP en marzo del 2018 y asumido por el nuevo Ejecutivo socialista.
Según Benedicto, la subida salarial adoptada en el acuerdo ya ha sido incorporada en la nómina de todos los empleados públicos dependientes de la Administración del Estado, con los atrasos correspondientes desde enero, después de la publicación de la Ley de Presupuestos del 2018 el pasado 4 de julio y de la posterior aprobación del acuerdo para habilitar el incremento salarial. Cada administración autonómica y cada corporación local ha ido haciendo lo propio sin que aún exista certeza de si la actualización de las nóminas y el pago de atrasos han sido completados en todas ellas.
En el 2018, se ha producido una subida salarial del 1,5% con efectos desde enero, más otro incremento del 0,25%, con efectos desde el 1 de julio, vinculado al crecimiento económico del 3,1% del año anterior. Para el 2019 se prevé una subida del 2,25% más otro 0,25% adicional vinculado a un crecimiento del PIB en el 2018 igual o superior al 2,5%, que puede elevar al 2,5% el alza salarial del 2019. Este incremento, sin embargo, difícilmente podrá aplicarse desde enero del 2019, ya que el Gobierno prevé que los nuevos Presupuestos del Estado, para el año próximo, no se aprobarán antes del primer trimestre. Siendo así, los primeros meses del 2019 deberán regirse por una prórroga de las cuentas del 2018. La nueva subida salarial no podrá aplicarse antes de la aprobación del nuevo Presupuesto aunque, según lo previsto, se haría con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 2019.
BAJA POR ENFERMEDAD/ También está plenamente adoptada en la Administración del Estado la iniciativa incorporada en el acuerdo para devolver a los empleados públicos en situación de baja por enfermedad el derecho a cobrar el 100% de sus retribuciones fijas previas desde el inicio de la incapacidad temporal.
La reducción de la jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales es algo que, al menos por el momento, no figura en la agenda del Ministerio, pues el Estado aún no cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Entre las autonomías, sí los cumplen Andalucía, Canarias, Galicia y Baleares.
Respecto a las medidas para la «estabilización» del empleo previstas en el acuerdo de marzo, para reducir la temporalidad de los contratos del 20% al 8% en un plazo de tres años, el Ministerio prevé ofertar en la primavera del 2019 de forma conjunta las plazas correspondientes al 2017 (5.534 plazas) y al 2018.
