El Ayuntamiento de Córdoba, al igual que el resto de entidades locales del país, solo podrá utilizar el 20% del superávit como máximo, una vez reducida deuda y pagado a proveedores, para gasto social derivado del estado de alarma por el coronavirus. Se trata de una nueva medida adoptada por el Gobierno central en el Real Decreto-Ley 11/2020, del 31 de marzo, publicado este miércoles en el BOE.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

El artículo 20 de ese real decreto-ley indica que “el importe que podrá destinar cada entidad local al gasto” será, como máximo, “equivalente al 20% del saldo positivo”. En el caso del Ayuntamiento de Córdoba, y según el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, el superávit del 2019 puede ser superior a 20 millones. A juicio de Fuentes, “es una mala noticia porque estrangula la maniobrabilidad del Ayuntamiento en tiempos críticos”. Es, según Fuentes, una manera de “ponernos un corsé como si estuviésemos en un momento normal” y “todo lo que sea estrangular a los ayuntamientos es alargar la crisis y provocar más pobreza”. Fuentes exige al Gobierno que “nos deje maniobrar para gestionar los recursos y salir de esta situación crítica”.

Fuentes critica también las condiciones impuestas en relación al pago medio a proveedores. “Y si no lo cumplo, ¿qué hago?”, se pregunta, “el dinero va a amortizar deuda, pero ¿otra vez?", señala, "cuando el Ayuntamiento es la única administración que respeta el déficit y la deuda”.

El Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, ya contemplaba la posibilidad de destinar parte del superávit “a prestaciones e inversiones relativas a gasto social, con la consideración de inversiones financieramente sostenibles”, cuyo importe fijó el Gobierno en 300 millones de euros. Ahora lo que hace el Ministerio de Hacienda es concretar lo que cada entidad local podrá utilizar para afrontar los gastos derivados del coronavirus. Además, el Ministerio de Hacienda tutelará la aplicación de la medida, ya que se encargará de su seguimiento y el Ayuntamiento tendrá que proporcionarle información.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria del 2012 contempla que el superávit se destina, en primer lugar, a “atender las obligaciones pendientes” con acreedores y con proveedores; a amortizar deuda; y, en tercer lugar, a las inversiones financieramente sostenibles, que es de dónde se sacará ese 20%.