El alcalde de Nueva Carteya asegura que no recibió las decenas de denuncias de una familia por ruidos de un restaurante

Tapia se enfrenta a una petición de, entre otras penas, seis años de cárcel por su presunta cooperación en un delito continuado contra el medio ambiente por contaminación acústica y otro de lesiones, y por un supuesto delito de prevaricación. En el procedimiento ha sido acusado, asimismo, el gerente del restaurante, para el que el Ministerio Público ha pedido cuatro años de cárcel por los dos primeros delitos referidos.

A preguntas de las diferentes partes, el alcalde ha recordado que las competencias en esta materia están transferidas a la Junta de Andalucía desde el año 2003 y ha explicado que mantuvo tres reuniones con los regentes del establecimiento y con la familia afectada para tratar de solucionar los problemas surgidos por la actividad de restauración.

Entre otras cuestiones, ha admitido que el vecino perjudicado presentó cuatro o cinco escritos ante el Consistorio y también acudió a hablar con él, y que la carpa no tenía autorización, pese a lo que no fue desmontada hasta que lo ordenó la Justicia.

De su parte, el gerente del establecimiento ha señalado que "siempre que hemos podido hacer algo en beneficio del vecino lo hemos hecho", en referencia a diferentes medidas adoptadas para evitar las molestias a la familia perjudicada.

En la misma línea, ha indicado que en unos diez años han organizado en torno a 60 bodas y "más de la mitad han sido de día". Este acusado ha destacado que "nunca antes había tenido problemas con vecinos", aunque ha reconocido que una residente del cuartel de la Guardia Civil que está próximo al restaurante sí le pidió que bajaran el volumen de la música.

De su parte, una de las víctimas ha declarado que la Policía Local "me decía que pasaba la denuncia al Ayuntamiento", a lo que ha añadido que en ocasiones "me decían que fuera al otro día a formular la denuncia", matizando que "a veces cogían el teléfono y otras no", y que algunas veces le indicaron que "no tenían servicio por la noche".

Según ha relatado, lo vivido "fue un infierno", la famillia ha recibido "muchas ofensas en redes sociales" y su esposa "está medicándose para poder dormir y no lo consigue". Esta última ha manifestado que "el alcalde decía que no denunciáramos más, que lo iba a solucionar", y ha explicado que no les indicó que el problema con los ruidos no era competencia del Ayuntamiento sino de la Junta de Andalucía.

El procedimiento judicial se inició a raíz de la denuncia interpuesta por el perjudicado ante el juzgado de Guardia de Cabra en febrero del 2016. Antes de esto, según indica el Ministerio Fiscal, la familia había interpuesto en torno a una treintena de denuncias ante la Policía Local y manifestaron su situación al alcalde sin que ni este ni el Ayuntamiento de la localidad hayan acordado medidas para paliar o solucionar el problema. Las víctimas son un matrimonio y sus hijos. Una de las víctimas ha tenido que ser asistida "en múltiples ocasiones" por el médico de Atención primaria y el servicio de Urgencias al sufrir insomnio y crisis de ansiedad. Padece trastorno adaptativo y ha necesitado tratamiento médico.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal pide seis años y cuatro meses de prisión, entre otras penas, para el alcalde de Nueva Carteya al considerarle cooperador necesario de un delito continuado contra el medio ambiente por contaminación acústica y de otro de lesiones, y autor de un delito de prevaricación. Además, solicita que se le impongan 14 años de inhabilitación para cargo público. En el caso del regente del hostal-restaurante, el Ministerio Público reclama cuatro años de prisión por un delito continuado contra el medio ambiente por contaminación acústica y por otro de lesiones.