El grupo Popular en la Diputación va a presentar en el Pleno una moción en la que se insta al Gobierno central que establezca un fraccionamiento para las devoluciones que los ayuntamientos y la institución provincial deben devolver al Estado en concepto de cobro de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) al no haberse cumplido las previsiones estimadas al elaborar los presupuestos del año 2017.

La PIE es una asignación económica que el Estado estima para las entidades locales en función de los ingresos previstos cada año. En el caso del año 2017, los cálculos no se cumplieron y los ingresos recibidos por los ayuntamientos fueron superiores a los que posteriormente las cuentas dieron, por lo que las entidades receptoras (ayuntamientos y diputaciones) tienen que devolver la diferencia y que en el caso de la provincia de Córdoba es de 9,735.758 euros. En concreto, la Diputación debe devolver 3,8 millones, el Ayuntamiento de Córdoba, 2,3 millones; y el resto de municipios de provincia 3,5 millones.

La portavoz del PP, María Luisa Ceballos, ha explicado este miércoles que no es la primera vez que ocurre esto, como fueron el 2008, 2009 y 2013 y entonces desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se pidió al Gobierno que tomara una medida que facilitara el pago porque el desembolso que supone a los ayuntamientos estos pagos desequilibra los presupuestos locales. La medida tomada entonces, explica Ceballos, fue la de fraccionar el pago en 10 anualidades, mientras que en este caso, ha relatado la también alcaldesa de Priego, se ha cobrado ya la mitad de la cuantía sin previo aviso, "con nocturnidad", a los consistorios, con los problemas económicos que la situación lleva acarreado.

Ante tal situación, desde el PP cordobés se ha redactado la moción en la que se insta al Ministerio de Hacienda a que acceda al citado fraccionamiento y a que se incluya en la Ley de Presupuestos del 2020 el mecanismo correspondiente para permitir este fraccionamiento.

Ceballos ha indicado que no entiende como esta vez ni la FAMP ni la FEMP han solicitado al medida como entes representantes de los municipios de Andalucía y España.