Acaba de cumplirse un año de la creación en Los Pedroches de la Plataforma Ciudadana de Personas Mayores y Dependientes y con ella no dejan de salir a la luz casos de mayores y dependientes que se encuentran en situación de necesidad, de emergencia social o con circunstancias especiales «a los que no les llegan los recursos previstos en la Ley de Dependencia y que por derecho les pertenecen».
Evarista tiene 88 años y vive en su casa de Santa Eufemia con su marido de 92 años. Su hija, Alicia Jurado, cuenta que su madre está prácticamente ciega, sufre un edema pulmonar, problemas de intestinos y «está perdiendo el nivel cognitivo». En septiembre del 2017, Alicia pidió la revisión del caso de su madre para lograr la ayuda a domicilio y no ha sido hasta octubre del 2018 cuando la han valorado. En este año todo ha ido a peor y ahora «tendrán que pasar meses y meses» hasta que llegue la respuesta. Alicia insiste en que «si la quieren ayudar que la ayuden ahora porque mi madre está muy mal». Mientras, tiene que pedir ayuda a los vecinos cuando tiene que salir a hacer alguna gestión «porque no se pueden quedar solos».
Pero que se asigne la ayuda a domicilio no significa que la Delegación de Políticas Sociales de la Junta la haga efectiva. Ana García relata que su madre tiene 91 años, su padre 87 y viven en su casa de Pozoblanco. En enero del 2018 les llegó la resolución favorable, pero desde entonces no se ha hecho efectiva «y no sabemos por qué».
Pagando la residencia
Toñi Obejo señala que su madre tiene 76 años y fue operada por una hidrocefalia. Está en una residencia desde el 2015 que le cuesta más de 1.000 euros al mes recibiendo una pensión no contributiva de 420 euros y, tras ir pasando los distintos trámites, ahora está a la espera de que le den la plaza concertada. Mientras, «los ahorros de su vida y su patrimonio se han ido gastando en pagar la residencia» en la que también está su padre, que sí tiene la plaza concertada. «También tenemos el temor de que cuando le den la plaza lo hagan en otro pueblo y los separen, porque antecedentes ha habido», según manifiesta Toñi.
Pablo Santofimia cuenta que su madre, Tránsito, tiene 92 años. Con 89 se cayó en su casa de Torrecampo y, al vivir los hijos en Madrid y en Córdoba, ingresó en una residencia. Un año después le asignaron el grado 1, el más bajo de la Ley de Dependencia, «que lo tengo yo que tengo 67 años», se lamenta su hijo. En junio, le hicieron otra valoración, pero no han recibido respuesta.
Pablo teme que se repita lo que le ocurrió a su padre, al que le llegó la carta concediéndole la plaza concertada el mismo día que falleció. Las situaciones se repiten en una comarca donde más del 25% de la población supera los 65 años.
