La vicepresidenta del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Dolores Amo, ha comparecido ante el pleno de la Diputación de Córdoba para aclarar las presuntas irregularidades de las oposiciones a bombero, convocadas para cubrir 54 plazas de bombero-conductor, que están siendo investigadas en el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba. Dolores Amo, que comparece a petición del PP, ha afirmado que tiene el convencimiento de que el proceso selectivo contó con todas las garantías legales y respetó los principios de igualdad, mérito y capacidad, y ha sostenido que el caso empieza a "desmontarse" al remitirse en varias ocasiones a la sentencia del Contencioso-Administrativo, que ha archivado las denuncias de dos aspirantes que concurrieron a estas oposiciones a bombero. La vicepresidenta ha leído en varias ocasiones el fallo del Contencioso-Administrativo que dice que "nada se puede reprochar al tribunal, asesores o colaboradores, no apreciándose error o arbitrariedad en el proceso de selección".

La causa que sí continúa abierta es la de la vía penal, que trata de esclarecer si en el proceso selectivo se cometieron delitos de prevaricación, revelación de secreto y tráfico de influencias, por el presunto amaño de las oposiciones y en la que están siendo investigados los miembros del tribunal, la vicepresidenta del Consorcio, el gerente, un responsable sindical y el alcalde de Priego, entre otros. Dolores Amo ha negado una por una las circunstancias reflejadas en el auto del juez Rodríguez Lainz, como la organización de cursos específicos para los opositores, reuniones celebradas supuestamente con este colectivo o las señales que, según los denunciantes, había que hacer para poder ser identificados por los miembros del tribunal opositor.

La compareciente ha dado respuesta al total de 21 preguntas que había planteado el PP, divididas en tres bloques. Un primer bloque que preguntaba sobre las funciones de la dirección política del Consorcio Provincial de Bomberos; un segundo bloque, de cuestiones relacionadas con el proceso selectivo, y un tercer bloque sobre por qué la Diputación no se ha personado en esta causa.

El portavoz del PP, Andrés Lorite, ha defendido la necesidad de pedir esta comparecencia, y ha negado que su formación haya acusado a nadie: "La única pretensión que tenemos es pedir información para la sociedad en general, que tiene derecho a ser informada de la gestión pública". Lorite, no obstante, ha recordado que la vía penal continúa abierta.

El resto de grupos con presencia en el pleno de la Diputación han valorado positivamente el hecho de celebrar la comparecencia y han afeado al PP no haber querido que la petición de la misma se hiciera de manera conjunta. Así, el portavoz de IU, Francisco Ángel Sánchez, ha acusado a Lorite de querer buscar un minuto de gloria y ha afirmado que el PP no tiene "ni credibilidad ni legitimidad" para hablar de corrupción. El portavoz de C's, José Luis Vilches, ha recordado la presunción de inocencia en todo proceso judicial y ha deseado que cuanto antes se conozca el fallo; mientras que Mari Ángeles Aguilera, de Ganemos Córdoba, ha aludido al auto del juzgado número 4 de lo Penal para decir que los hechos que relata "sonrojan" y justificaban la comparecencia de Amo.

Tanto la portavoz del PSOE, Ana María Carrillo, como el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, que ha cerrado el turno de palabras, han redundado en el daño que se les está haciendo a los funcionarios y miembros del tribunal opositor. Ruiz ha preguntado además al PP, que se ha personado como acusación particular en la causa penal, que "hasta cuándo van a seguir acusando a los trabajadores de la Diputación".

Aprovechando la temática del pleno, un nutrido grupo de bomberos del Consorcio ha asistido a la sesión para reivindicar el reinicio de las negociaciones y mejoras laborales, que incluyen el reconocimiento profesional de 167 bomberos a la categoría profesional C-1. El presidente de la junta de personal del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Fernández, en declaraciones a los medios, ha rechazado que la judicialización de las oposiciones afecte al consorcio y ha reclamado que se retome de manera urgente la negociación colectiva.