El documento firmado por PSOE e IU está compuesto por 18 puntos en los que se marcan las líneas a seguir en cada uno de los ámbitos de trabajo de la institución provincial. Todos ellos parten de la premisa principal, que es la de «garantizar la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de la provincia, especialmente a los de menos de 20.000 habitantes, con la intención de que todas las personas de la provincia tengan las mismas oportunidades de desarrollo». En esa misma idea incide el segundo punto, en el que se recoge que los presupuestos deben estar al servicio de los pueblos, «especialmente de aquellos que tienen menos recursos».

Se mantiene la idea del anterior mandato de que el primer objetivo del trabajo deben ser las personas y que se asuman políticas efectivas que contribuyan al desarrollo económico y social de la provincia. También se pretende fortalecer las empresas públicas (Emproacsa y Epremasa), en cuyos servicios se han de incluir «cláusulas sociales que garanticen mínimos vitales y que impidan que a ninguna familia se le corte el agua por falta de recursos, e incluir bonificaciones o exenciones». Se apuesta además por la transparencia en la gestión de los recursos y por el empleo, así como por convertir las políticas sociales en uno de los ejes vertebradores de la acción política del gobierno provincial.

Asimismo, recoge el acuerdo la consolidación del plan provincial de caminos rurales y la electrificación rural, además de aumentar la inversión pública, el apoyo a las mancomunidades, fomentar el desarrollo turístico, impulsar el compromiso con la Agenda 2030, en materia de desarrollo sostenible, así como promover un plan tendente a evitar la despoblación en los municipios más pequeños.

Además, se creará una comisión de seguimiento del pacto.