Urbanismo investigará la situación de las casas ubicadas junto al río que fueron precintadas tras las inundaciones del 2010 y que, casi una década después, continúan habitadas a pesar de que el riesgo persiste. Hace casi diez años, en febrero del 2010, Córdoba asistía a la mayor crecida del río que se producía en 47 años, que obligó a desalojar a 800 viviendas concentradas principalmente en las parcelaciones del entorno del aeropuerto, aunque también en Majaneque, Las Cigüeñas, Alcolea, Encinarejo, El Cañuelo, La Forja y Quemadillas. Tras aquel episodio, en el que el agua alcanzó hasta los tejados, y ante el estado en el que quedaron, Urbanismo precintó una decena de casas en una de las parcelaciones más castigadas, Guadalvalle. La empresa municipal Vimcorsa llegó a ofrecer ayudas al alquiler durante un periodo de tiempo a las familias que decidieran tirar las viviendas que se encontraban en suelo no urbanizable con riesgo de inundación, aunque aquella convocatoria no tuvo éxito. En el 2013, y tras otra crecida importante que encendió las alarmas de nuevo pero que no tuvo las mismas consecuencias que las dos del 2010 (la de febrero y la de diciembre), Urbanismo tiró una de las casas de Guadalvalle, obligó a los vecinos a derribar un par de ellas más y abrió cinco expedientes de demolición.

En el 2015, cuando se cumplieron cinco años de las riadas, en Guadalvalle ya había familias que no tenían dónde ir y que optaron por volver a las casas precintadas. Algunas de ellas pudieron ser alojadas en pisos de alquiler de Vimcorsa. Ahora, cuando quedan cinco meses para que se cumplan diez años de las riadas y que gran parte del país se ha visto afectada por la gota fría, ¿cuál es la situación de esas viviendas ilegales situadas junto al río? Según el testimonio de uno de los vecinos del entorno de Guadalvalle -todos los consultados prefieren mantenerse en el anonimato-, una de las calles más afectadas por las riadas, Las Tórtolas, «se ha reconstruido entera». Este vecino asegura que se han seguido vendiendo terrenos, que se ha construido en el espacio que dejaron libres los derribos, que hay casas precintadas ocupadas, pero no por los propietarios que las tenían antes de las inundaciones, y que todo ello ha sido denunciado al Ayuntamiento, por lo que su opinión es que «ha dejado construir en el cauce» y «consentido que Guadalvalle crezca». En esta línea se pronuncia un abogado, que añade que ha habido denuncias dirigidas al Ayuntamiento sobre vertidos de basura, chatarra y residuos junto al cauce.

Aunque Urbanismo no ha ofrecido datos sobre denuncias o expedientes abiertos por construir en zona inundable, su presidente, Salvador Fuentes (PP), deja claro que las viviendas que quedaron precintadas tras las riadas están «en riesgo de inundación fluvial comprobado» y «elevado», por lo que «cualquier tormenta, huracán o crecida» puede volver a dañarlas, lo que le lleva a calificar de «imprudencia» cualquier acto de edificación. Fuentes asegura que es «preocupante» que la zona esté más habitada porque «con cualquier gota fría llegará el agua al tejado» otra vez. Por ello, indica que Urbanismo tendrá que ver «qué hacemos» porque «no se pueden crear expectativas de habitabilidad sabiendo el riesgo que hay». Fuentes garantiza que investigará si ha habido denuncias, en qué situación están y qué se ha hecho con ellas, porque «habrá que actuar». Fuentes deja claro que las zonas inundables en suelo no urbanizable «no se van a salvar, tienen poco futuro».

El presidente de Urbanismo entre junio del 2015 y junio del 2019, Pedro García (IU), asegura que en su etapa no tuvo información sobre las viviendas precintadas ni sobre denuncias al respecto, aunque tiene la certeza de que la Policía «cuando ve algo, lo precinta». Por su parte, el anterior responsable de Seguridad, Emilio Aumente (PSOE), asevera que la «Policía Local actuó y se levantaron actas, que se mandaron a Urbanismo».

Uno de los vecinos de Guadalvalle confirma que las «casas se están habitando y algunas se han arreglado». Según indica, la mayoría de los que residen en ellas son sus propietarios, que «solo en una hay okupas» y que en una de las demolidas se ha vuelto a construir. Otro vecino señala que las casas precintadas «no tienen luz» y utilizan «motores». Una de las parejas que reside allí esporádicamente relata que compró la casa después de las inundaciones. Aunque son conscientes del riesgo que corren, aseguran tener pocas opciones. «El Ayuntamiento nos ha dicho que no podemos vivir aquí», explica ella, «pero, ¿qué podemos hacer?». «Sabemos que corremos peligro, pero no tenemos otro sitio donde estar» y «en todas las casas están viviendo», señala otra residente de una de las más dañadas, cedida, según indica, por un familiar y que está arreglando poco a poco.

Otro de los vecinos, José Vela, que reside en una de las viviendas que no fue precintada, recuerda que lo ocurrido en el 2010 «fue una masacre, había agua y barro por todos lados», Después, añade, «se precintaron algunas casas y se tiraron varias», pero «muchas familias siguen viviendo», en algunos casos tras llegar a acuerdos con los propietarios. A pesar del tiempo transcurrido, el miedo sigue. «Siempre que llueve tenemos miedo y por la noche miramos el río con la linterna y ponemos palos para ver si ha subido», asegura Vela, que, al igual que otros afectados por las inundaciones, considera que las administraciones «no han hecho nada».