La Gerencia de Urbanismo está estudiando flexibilizar la ordenanza para la revisión de edificios, que está modificando para adaptarla a la normativa estatal del 2015. En una reunión celebrada con la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, el organismo municipal se ha comprometido en ampliar «hasta el máximo legal» permitido, junio del 2018, el plazo para realizar la inspección de edificios y a que «la nueva ordenanza sea menos exigente que la actual y más realista», según asegura el coordinador de Ciudad Física de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, y confirma el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García.
Al-Zahara lleva tiempo denunciando que la ordenanza vigente en Córdoba es mucho más exigente que la normativa estatal, entre otras razones porque abarca a viviendas plurifamiliares y unifamiliares, mientras que el decreto del 2015 exige la revisión solo a los bloques de pisos de más de 50 años. Por ello, Al-Zahara ha pedido que se busquen fórmulas para que miles de propietarios no se encuentren en poco más de un año con que incumplen la ordenanza. Entre bloques y casas, en Córdoba hay ya más de 12.000 inmuebles cincuentenarios obligados al chequeo. De momento, solo el 8% de los propietarios de viviendas que debían pasar la ITE en el 2016 han cumplido con esa obligación. En esa fecha, 1.500 inmuebles de más de cien años y protegidos tenían que haberse sometido al chequeo después de la prórroga concedida el año pasado, a los que debían sumarse otros 1.100 de entre 75 y 100 años (de 1913 a 1937). Además, y según la ordenanza actual, a final del 2017 deben someterse a la ITE los edificados entre 1938 y 1962, mientras que los levantados en 1963 tienen hasta el 2018 y los de 1964, hasta el 2019.
Una de las propuestas que estudiará Urbanismo desde el punto de vista jurídico es que los tres aspectos (accesibilidad, eficiencia energética y estado del edificio) del Informe de Evaluación del Edificio (IEE), que incluye la ITE, «no se aborden de forma inmediata», que «cada uno vaya por separado» y «retrasar, sobre todo, el de accesibilidad» para impedir que «el informe obligue a instalar ascensores cuando no hay medios económicos ni apoyo para hacerlo», señala. Además, Urbanismo analizará la posibilidad de aplicar la ordenanza por zonas a las viviendas unifamiliares.
De Gracia explica que Al-Zahara ha planteado también crear con la empresa municipal Vimcorsa un marco de ayudas para la inspección o llegar a acuerdos con los arquitectos para fijar «precios tipo» para los informes, «que se puedan ofertar», así como que los propietarios sin recursos puedan someterse a la revisión de forma gratuita.
