El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía notificó el martes la sentencia que, después de 13 años, condena a la Consejería de Educación a indemnizar con 20.000 euros a Lorenzo, un alumno cordobés del IES Gran Capitán que sufrió acoso escolar cuando tenía 12 años (ahora tiene 25) y cursaba primero de la ESO, por no tomar las medidas pertinentes para intentar evitar las agresiones, vejaciones e insultos constantes que sufría el menor de parte de otros alumnos del instituto. «En ese momento, el bullying no era algo de lo que se hablara, creo que ni siquiera existía esa palabra», explica Magdalena Entrenas, abogada encargada de la defensa del caso, «habíamos llevado otros casos de peleas entre menores, pero ese fue el primero de acoso puro y duro que además saltó a los medios y se le hizo mucho seguimiento en su día». La madre del menor llegó hasta la abogada porque «quería sacar a su hijo del colegio ante la situación que estaba viviendo, pero no sabía cómo hacerlo sin que le causara problemas, porque se trataba de un niño en edad de escolarización obligatoria». Según su relato, «la Delegación decía que el niño tenía que seguir yendo a clase, pero me negué y estuvo días sin ir hasta que encontramos un centro alternativo que no fuera el de al lado, que fue el primero que ofrecieron».
Una vez resuelto el primer problema, con el niño fuera del instituto (reanudó sus estudios en un centro concertado), Magdalena Entrenas y su equipo prepararon la denuncia en el Juzgado de Menores contra los tres agresores identificados de forma fehaciente. Según la propia víctima, era habitual que las agresiones se produjeran delante de otros alumnos sin que nadie mediara para evitarlo.
La primera sentencia del proceso fue histórica porque fue la primera en Córdoba que condenó penalmente a los autores del acoso escolar, dos de ellos, a 8 fines de semana de internamiento en centro de reforma y a una tercera a 70 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad. El proceso continuó reclamando a los padres la responsabilidad civil de lo ocurrido, proceso que culminó con una sentencia condenatoria que obligó a los padres a pagar 6.350 euros, pero absolvió a la administración educativa, ya que el Juzgado de Menores no era competente. En este momento, deciden deducir un testimonio y acudir a un Juzgado de Instrucción «para ver si había responsabilidad penal en la actuación del instituto», pero se consideró que no había delito y se archivó. Quedaba entonces la opción de reclamar por la vía contencioso administrativa y exigir la responsabilidad patrimonial a la administración competente. «Llegamos a este punto en el 2010, cinco años después de los hechos, pero aunque hubo un momento de duda y de flaqueza, porque sabíamos que el recurso por esta vía era largo, complicado y costoso, la madre decidió que llegáramos hasta el final ante la evidencia de que el centro no actuó para atajar la situación de acoso que vivía su hijo, no se hizo nada, no se aplicó ningún protocolo, se actuó con total desidia», afirma la abogada.
La sentencia se basa en hechos probados como este: «La situación del menor, que era sometido de forma constante a maltratos y vilipendios tanto por los tres menores imputados como por gran parte del alumnado del centro escolar, era conocida sobradamente por el profesorado y los órganos directivos del centro, al punto de haber acudido la madre del menor a intentar solucionar el problema, entablando entrevistas con la dirección y profesorado del centro, que le comunicó que a pesar de ser conscientes del problema, no eran capaces de solucionarlo, pues se les había escapado de las manos el conflicto, proponiéndole que se marchara a otro».
Ocho años después, el TSJA les ha dado la razón en una sentencia que además de estipular una de las condenas más elevadas de España por un caso de acoso escolar, 20.000 euros, que deberá abonar la Consejería de Educación, «es justa y bonita de leer porque hace un alegato sobre los valores que deben reinar en los centros educativos y se manifiesta explícitamente contra estas situaciones de violencia, que la administración debe controlar para evitar un daño moral tan grave como el que sufrió Lorenzo». Para Magdalena Entrenas, «en un día como este en el que el sistema está en duda, una sentencia así te reconcilia con la justicia y te da ganas de luchar».
