Los terrenos que pretende utilizar el Ayuntamiento con el fin de habilitar una calle para unir el jardín de Orive con la recién reformada Capitulares, expropiados por Urbanismo a los claretianos por 422.068 euros, estuvieron hace más de un siglo en manos del propio Consistorio, que se los cedió a la congregación. La conexión se hará por el conocido como callejón del Galápago, que tiene 100 metros de largo por 7 de ancho y que unirá el Huerto de San Pablo con el patio de acceso a Cultura, desde donde se podrá acceder a Capitulares. Según la documentación que se conserva en el Archivo Histórico, consultada por el investigador Juan Galán, el 20 de marzo del año 1900, el alcalde interino de Córdoba, Wilfredo de la Puente y Noguer, firmó el acta de cesión del solar en el que había un local en estado de ruina. El acta explica que el superior de la comunidad de misioneros del Sagrado Corazón de María (claretianos) había solicitado «el local perteneciente al municipio, que en el sitio nombrado del Galápago se ha venido destinando a la atarazana, y que no podrá proseguirse utilizando por el estado ruinoso de su fábrica».

En el documento se percibe cómo el Ayuntamiento es consciente de que el local es «inútil para los servicios municipales», que «no puede continuar sirviendo de atarazana por su mal estado» y que «su reparación requeriría gastos de importancia que el municipio no está en el caso de realizar». Además, el Ayuntamiento ya disponía de otro edificio «más adecuado». A esto se une que el Ayuntamiento consideraba que al «cederlo con destino a la ampliación de la iglesia de San Pablo», se le daba «una aplicación de interés público más útil». Por ello, y porque seguía contribuyendo con la iglesia, que había recibido ayuda «del Estado, de la provincia y del municipio» para su restauración, el Ayuntamiento decidió entregar el local transmitiendo «todos los derechos que puedan corresponder al municipio referentes a la citada propiedad». Galán ha consultado otras actas, hallando una del 20 de marzo de 1882 «en la que la comisión de Fomento suscribe una moción», que fue aprobada, en la que hizo una propuesta «para abrir dos nuevas calles en la zona del Huerto de San Pablo». Galán explica que «estas calles se intentaron abrir en otras ocasiones y siempre encontraron la oposición de la Comisión de Monumentos, dado que la filosofía fue respetar en lo posible el trazado viario antiguo», como consta en otras actas de 1966, 1900 y 1971.

El expediente de expropiación comenzó en el 2006 y cuenta con varias sentencias, entre ellas una del Supremo que indica que los terrenos no pertenecen al Obispado, sino que «se han consolidado a favor» de los claretianos; y otra del TSJA, que insta a Urbanismo a pagar ya a los claretianos los 422.608 euros más los intereses (en octubre, Urbanismo abonó 139.065 euros de intereses de demora). El proceso se complicó a finales del 2016 cuando, investigando en los archivos de la Diputación, Urbanismo halló indicios de que los terrenos, en vez de los claretianos, podían ser del Estado, a pesar de la información catastral. Urbanismo comunicó esta circunstancia al abogado del Estado, que iba a informar a Hacienda, y ahí quedó el tema de la propiedad. Fuentes de Urbanismo explican que hace un mes se firmó el acta de pago y expropiación. Urbanismo aclara que se ha expropiado la servidumbre y no la propiedad. Urbanismo está evaluando qué intervenciones son necesarias para arreglar la calle y poder abrirla.