La parlamentaria andaluza por el PSOE Soledad Pérez avanzó ayer que «vamos a modificar la Ley de Igualdad para incorporar un potentísimo régimen sancionador», ya que
«no solo basta con pedir perdón, sino que la discriminación a las mujeres no puede salir gratis en Andalucía». Unos momentos antes de participar en unas jornadas organizadas por el Gobierno regional para valorar los primeros diez años de funcionamiento de esta normativa, Soledad Pérez, que fue coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, señaló que «queremos hacer una nueva Ley de Igualdad y una Ley contra la Violencia de Género», recordando que estas dos normativas nacieron el mismo día, en noviembre del año 2007, «y hoy hemos aprendido algunas lecciones».
Soledad Pérez criticó que «los Presupuestos Generales del Estado para igualdad se congelan un año más» y también que «en este momento se están debatiendo los presupuestos y hay cero euros para el pacto de Estado contra la violencia de género». Al ser preguntada por las soluciones a las situaciones de discriminación que encuentran las mujeres en el mundo laboral, destacó que «la ley estatal obligaba a las empresas de más de 500 trabajadores a hacer planes de igualdad», aunque «estos no han tenido un impulso por parte del Gobierno central». Así, precisó que «nuestra idea es recuperar los planes de igualdad, recuperar el esfuerzo de las empresas, no ya de más de 500 trabajadores, sino de menos, porque son poquísimas la que tienen un plan de igualad». Soledad Pérez subrayó que «los grandes empresarios de este país nunca se creyeron la igualdad», abundando en que «necesitamos que esos planes sean obligatorios, que la inspección de trabajo se lo crea».
En estas declaraciones, la parlamentaria fue acompañada por la coordinadora provincial del IAM, Ana Díaz, y por la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, María de los Ángeles Luna. Esta última hizo un balance del desarrollo de la normativa en materia de igualdad, explicando que «el articulado de la ley se ha cumplido al 100%, se han invertido más de 300 millones de euros, en estos diez años, en políticas directas y también se ha invertido más de 192.000 millones de euros mediante políticas transversales en todas las consejerías».
Luna sumó a esta labor otras cuestiones como el impulso de órganos de participación ciudadana y la «mejora en igualdad de oportunidades a través de políticas de empleo».
