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REPORTAJE

Ser víctima, en cualquier momento

Tres usuarios del Servicio de Asistencia a las Víctimas relatan su experiencia tras sufrir el asesinato de su pareja, el abuso sexual a una hija y vejaciones y lesiones en el trabajo H La cifra de hombres atendidos crece un 176% en la última década

 

Laura Fernández y Candela Castillo atienden a tres víctimas en el SAVA. - SÁNCHEZ MORENO

P. COBOS
19/01/2018

«Te lleva a tener una ilusión y te agarras a eso, te abren una puerta», afirma Isabel, una de las usuarias del Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA), acerca de su paso por esta herramienta de la Consejería de Justicia en Córdoba. Su caso, como el de las demás personas, no deja indiferente a nadie: su pareja fue asesinada de una puñalada en la espalda cuando estaba en Cádiz para visitar a su padre enfermo. Los agresores ni siquiera le conocían, pero querían hacer daño a un amigo suyo con el que se encontraba. El resultado del juicio fue una condena por asesinato.

Isabel visitó el SAVA por primera vez hace dos años y recuerda que «estaba como bloqueada». La relación sentimental duró 17 años y tenían un hijo en común, pero no estaban casados y, entre otras medidas, en el SAVA la han asesorado para intentar acceder a una pensión de viudedad. «Si no llego a venir, no sabía que podía luchar», explica. Otro de los pasos importantes fue conseguir un abogado de oficio para personarse en el juicio por la muerte de su pareja como acusación particular. No obstante, precisa que «no solo son los trámites, a nivel personal apoyan mucho. Cuando entras aquí sientes apego y hablas con comodidad».

Para Federico, nombre ficticio de otro beneficiario del servicio, la familia, los amigos y el SAVA son las principales «bazas» para salir de la situación difícil en la que se encuentra. Destaca que ha sufrido lesiones y vejaciones en su puesto de trabajo durante diez años y, cuando decidió desahogarse, el médico de cabecera lo derivó a Salud mental y una psiquiatra, al SAVA, porque le podían ofrecer atención psicológica y asesoramiento en el ámbito judicial.

Admite que llegó a pensar en el suicidio y que «no sabía lo que hacer. No me decidía por el miedo a perder el puesto de trabajo y porque me daba vergüenza lo que me estaba pasando». Federico señala que ha denunciado al agresor y siente temor ante la llegada del juicio, aunque, «por otro lado, estoy deseando de que pase». En este sentido, sobre su situación actual comenta que «a veces huelo la colonia que usaba esa persona» y manifiesta que el miedo a encontrarse con ella hace que vaya «en alerta, estoy agotado». Sin embargo, ya tiene «días buenos».

El caso de Marta es diferente. Fue víctima de abusos sexuales cuando era pequeña y ahora ayuda a su hija a superar su propia experiencia, para lo que han recurrido al SAVA, que hace algunos años ya le asistió cuando sufrió violencia de género.

Acerca de los abusos, apunta que «fue muy duro revivir eso» y que, cuando conoció la noticia, se apoyó en su fe religiosa. La joven decidió contarlo tres años después de que ocurriera, al observar que la situación provocada por un familiar podría repetirse con una nueva víctima. Marta subraya que «fue un consuelo» el ingreso en prisión del presunto agresor y detalla que «creo en la justicia divina, pero la terrenal también existe». Así, Marta hace hincapié en que ella trató de proteger a sus hijas y no imaginó que el peligro estaría en su propia familia. Su hija ya es mayor de edad y en estos momentos se encuentran pendientes de la celebración del juicio.

Con cifras

En cuanto al trabajo que se realiza en el SAVA, su coordinadora en Córdoba, Laura Fernández, subraya que «en función de las necesidades que tenga la víctima, se le presta un servicio u otro» y, a veces, son derivadas a servicios específicos. El año pasado registró 1.596 beneficiarios, lo que representa una subida del 23% en la última década. De estos, en torno al 80% son mujeres. No obstante, sobresale el aumento significativo de la cifra de hombres, que ha subido un 176% en el mismo periodo hasta los 356 contabilizados en el 2017. El número de menores de edad se ha elevado un 117% en diez años hasta alcanzar un centenar.

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