Santiago Muñoz Machado: «Nunca tendremos una reforma de la Constitución con el consenso que tuvo esta»

¿Ha soportado bien la Constitución Española las tensiones jurídicas que provoca una pandemia como la que vivimos?

La Constitución Española ha estado poco afectada por la pandemia. Es una norma superior. No ha habido que aplicar muchos mecanismos constitucionales con la excepción del artículo 116, la declaración del estado de alarma. Su utilización, que ha sido objeto de cierto debate, de cierta polémica si era necesario o no, si era preferible usar el estado de excepción o ninguno de los dos. Acabo de publicar en una revista jurídica, un artículo que he titulado «El poder y la peste del 2020», sobre todo por llamar de la manera que dice el diccionario, «peste», a las enfermedades que producen mucha mortandad. Ahí analizo qué mecanismos tiene nuestro ordenamiento jurídico que permiten abordar la dramática situación que estamos viviendo.

¿Se ha utilizado correctamente el estado de alarma?

Mi opinión es que el estado de alarma se ha utilizado correctamente porque la ley de 1981 que desarrolla el artículo 116 de la Constitución permite la utilización del estado de alarma en supuestos de emergencia sanitaria. Eso no era así antes, la emergencia sanitaria nunca se consideró en nuestra historia legislativa un supuesto de alteración del orden público. Tenía su regulación propia en las leyes sanitarias y se abordaba desde la administración sanitaria propiamente dicha.

En la pandemia hemos echado en falta más claridad y agilidad por parte de las administraciones para comunicar y tomar decisiones. ¿El sistema jurídico ha condicionado el ritmo de la actuación gubernamental?

Si lo ha condicionado ha sido un autocondicionamiento. Lo que tiene de característico una emergencia sanitaria es que las leyes ordinarias aceptan ser desplazadas y sustituidas por una legalidad de excepción, que ni siquiera está contemplada en las leyes, sino que se deja en manos de los gobiernos, central, autonómicos e, incluso, locales. Ellos adoptarán las medidas más necesarias: no todo está regulado, se deja al buen criterio del gobernante. Si ha habido demoras en las actuaciones o retrasos eso no es culpa de la Constitución. La Constitución habilita a los legisladores y al gobierno para que actúen ante la emergencia. No se puede echar la culpa, en este caso, a la ley.

Ha habido un debate sobre economía y salud, pero también entre quienes proponían una mayor libertad para el ciudadano o medidas más restrictivas.

Mi opinión es que estos son supuestos en los que las libertades padecen. Para controlar una epidemia que es un acontecimiento gravísimo hay que adoptar todas las medidas necesarias. Si son restrictivas de la libertad también valen si son imprescindibles. Lo importante en estos tiempos es que sean proporcionadas a los fines que se pretenden obtener y que no duren más del hecho epidémico en sí y que no se prorroguen a supuestos que nada tienen que ver con la epidemia.

Se ha evidenciado que si el Gobierno restringe, los contagios bajan. Si se reducen las limitaciones, suben los contagios.

Demuestra que es imprescindible recortar la libertad en supuestos como este, sobre todo la libertad de circulación. Evidencia que una de las medidas imprescindibles para frenar una epidemia es restringir la libertad.

En noviembre de 2017 coordinó a un grupo de juristas para proponer una reforma de la Constitución. ¿Lo ocurrido en este tiempo le animaría a modificar en algo aquella propuesta?

Yo no he cambado de opinión. La Constitución tiene 42 años y necesita ser retocada. No hay ningún texto legal, y menos la Constitución que pueda vivir eternamente, perenne sin cambios. La nuestra la hemos estudiado mucho y ha demostrado que tiene algunas grietas, algunas sobrevenidas que podrían estar mejor reguladas y otras originarias, defectos que están desde el principio. Yo mantengo mi opinión, junto con la mayor parte de mis colegas constitucionalistas o administrativistas. La Constitución necesita ser repasada y reformada. Otra cosa son las coyunturas políticas. Ahora estamos viviendo una fragmentación de la representación política y una coyuntura en la que no es recomendable iniciar un proceso de reforma constitucional. No tenemos suficiente tranquilidad y está muy desorientada la clase política acerca de qué es lo que quiere y creo que nunca tendremos una reforma constitucional con el consenso que existió cuando se aprobó la Constitución. Eso es muy difícil, muy condicionada por la situación histórica. No es pensable que podamos volver a una situación de consenso absoluto. La Constitución hay que reformarla con las mayorías que establece el artículo 68, no hace falta más, pero, no obstante, no es recomendable abrir ahora ese proceso de la reforma porque hay mucha contradicción política, mucha controversia y muy poca serenidad.

Y el sistema de las autonomías, ¿ha funcionado bien?

Ha funcionado bien, porque han estado muy coartadas por el poder central, que a mi juicio ha asumido una responsabilidad mayor de la que debería haber asumido. Estas acciones sanitarias en una pandemia corresponden principalmente a las comunidades autónomas, sin perjuicio de que existen órganos de cooperación como el consejo interterritorial de sanidad y las competencias del Estado que pueden utilizarse para coordinar mejor las acciones, pero el grueso de la acción sanitaria en un caso de emergencia corresponde a las comunidades autónomas y muchas se han echado un poco atrás a la espera de autorizaciones, de permisos y yo creo que han hecho omisión de sus competencias. En algunos momentos ha dado la idea de que ha sido por comodidad para que asuma la responsabilidad otro, y en otros momentos, como ahora, reclaman lo que antes habrían tenido con más facilidad.

Dice usted que el anuncio de los nuevos vocablos que incorporan al diccionario se espera ya como la Lotería de Navidad. Se dice que la RAE está anquilosada, pero esa noticia es tendencia, ‘trending topic’, si me permite el término.

La Academia sufre algunas criticas muy injustas. La Academia está muy atenta a la actualidad, pero los procedimientos que tenemos que seguir para incorporar nuevas palabras al diccionario son procedimientos lentos. Tenga en cuenta que el diccionario es la obra más importante pero no la única. El diccionario, cuando vemos palabras que hay que incorporar o cambiar su definición luego son palabras que mandamos a América y los ven 22 academias americanas, y la academia ecuatoriana y la filipina y nos hacen observaciones, de manera que hacemos un procedimiento desde el punto de vista de la garantía de que no se cuelen cosas indebidas, pero al mismo tiempo nos vemos sometidos a unos periodos de tramitación que a la fuerza son lentos. Pero tampoco el lenguaje cambia vertiginosamente, no hace falta correr tanto.

¿Con qué nueva palabra se queda usted?

Las que han sonado más son las relativas a la pandemia. Todo ese bloque de vocablos que o existían en el diccionario y se han cambiado o no existían y los hemos incorporado, pues esos son los que han resultado más atractivos. Y luego muchas palabras que permiten comentarios curiosos, respecto a su origen o evolución, por qué han llegado al diccionario, etcétera.

La palabra «cocreta» no está en el diccionario aunque muchos en las redes digan que sí. Ustedes también sufren los bulos, las ‘fake news’.

Efectivamente. Ese es un bulo que ya nos tomamos a broma. Se constituyen bastantes bulos sobre palabras del diccionario y sobre la actividad de la Academia también. Trabajamos mucho y procuramos estar lo más puestos al día que podemos. La Academia está ahora en un proceso de digitalización fantástico, estamos cambiando la manera de trabajar, la manera de expresarnos, la manera de relacionarnos con los hispanohablantes, a una enorme velocidad, la misma que nos exige la revolución tecnológica. Somos la institución cultural más importante de España sin ninguna duda, me gusta repetirlo porque no hay ninguna otra, todas muy respetables, que tenga una responsabilidad mayor que es el cuidado de lo mejor de nuestro patrimonio, en común con América y con 600 millones de hispanohablantes en el mundo. La Academia se empeña mucho en ese trabajo.

¿Y cómo asiste a este escenario de las ‘fake news’ y los bulos?

Pues pidiendo que las llame bulos en primer lugar, porque tenemos una palabra que está bien para designarlas. Es un efecto de la comunicación en red, estamos viviendo la revolución más importante de la historia de la humanidad, nunca ha habido una revolución que esté cambiando las costumbres, los métodos de trabajo, la comunicación, tan importante como esta revolución digital. Todos los días aparecen cosas que ayer no conocíamos y lo curioso es que, además, las utilizamos al día siguiente como si fueran inventos que hemos manejado toda la vida. Vivo esta cuestión quejándome cuando se utilizan perversamente, que es la mayoría de las veces, pero felicitándome también de que la comunicación tenga ahora esa influencia y que cualquier ciudadano o cualquier empresa pueda llegar a todo el mundo sin necesidad de intermediarios.

La vida se ha trasladado parcialmente a las redes sociales digitales. Esta semana hemos asistido a la conversación de un chat de exmilitares valorando movilizar al rey para un pronunciamiento contra el gobierno. ¿Qué le ha parecido?

Pues fatal, son cosas que dan vergüenza porque reflejan épocas o comportamientos que hay que pensar que ya habían pasado. Por quitarle un poco de hierro al asunto, que insisto que me parece horrible que todavía se hagan bromas con cosas tan sagradas y que además se pretenda involucrar al Rey en una cosa así, consideremos que es una tertulia de amigos, que no representan a nadie, se representan a sí mismos. Es feo que para entretenerse utilicen argumentos tan poco ciudadanos, sociales y políticamente indeseables.

Ustedes se han ofrecido al Gobierno para asesorarles en torno al español en el marco de la denominada Ley Celaá. ¿Les han llamado?

No, se lo hemos ofrecido y eso tiene recorrido porque el gobierno está con su ley y una vez que la aprueben tendrán que aplicarla y la Academia estará siempre disponible para ayudar a que el español conserve toda su potencia y sea efectivamente la lengua de todos y que se pueda estudiar esa lengua y aprender esa lengua y poder leer toda la enorme creación cultural que se ha hecho en español.

¿Esta ley promueve obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna?

Me he quedado muy tranquilo cuando la disposición adicional trigésimo octava, que es una enmienda de ERC, apareció abruptamente con un contenido temible, muy poco plausible, pero luego la modificaron e incorporaron una mención a la Constitución, respecto a cómo había que utilizar el bilingüismo en las regiones que son bilingües. Y la mención a la Constitución me tranquiliza porque la Constitución Española ha sido interpretada en este punto muchas veces por el Tribunal Constitucional y ha dicho cuáles son los límites con los que se puede emplear la lengua propia como lengua vehicular. Por tanto, a escala legal, nada puede contradecir lo que dice la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Otra cosa es la aplicación. En materia de bilingüismo tenemos un problema práctico de aplicación de las leyes que no siempre coincide con el tenor literal de las leyes. Luego, hay sentencias de los tribunales que no siempre se cumplen en los términos que se ha pronunciado el tribunal. Esto es lo discutible. La ley en sí ha invocado a la Constitución y esa es su salvaguarda.

¿El español soporta todas las tensiones políticas que hay en torno a él?

El español como lengua ha sido siempre neutral, no ha estado inmerso ni mezclado con la política. La lengua es un instrumento de comunicación. En general, el español, ahora en la educación, vuelve a politizarse, pero no por razón de la lengua en sí, sino por dar preferencia a una lengua u otra. La Constitución acepta bien la equiparación de lenguas en los territorios que son bilingües. La equiparación de lenguas, eso dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero en algunas comunidades autónomas no se está fomentando el bilingüismo, se está fomentando la diglosia, palabra que significa la prevalencia de un idioma sobre otro cuando hay dos que pueden utilizarse.

Si pudiera sustituir Córdoba por un concepto, por una única palabra, ¿qué palabra sería la que utilizaría?

Córdoba es Córdoba, una de las ciudades más bonitas del mundo e insustituible. Creo que no encontraríamos nunca, ni haciendo concursos una palabra mejor para designar esa tierra.