Con los votos favorables de PSOE, IU y Ganemos, en contra de Cs y UCOR, y la abstención del PP, el Pleno dio el visto bueno al dictamen de la comisión de seguimiento de la auditoría de la deuda municipal, que entre sus conclusiones propone actualizar el listado de bienes inmuebles que tienen exenciones y bonificaciones fiscales -por los que el Ayuntamiento pierde 9 millones al año- y llevar a cabo planes de actuación con el Catastro para actualizar los valores y estimar lo que el Ayuntamiento deja de percibir por ellos. Además, plantea realizar un estudio detallado sobre las causas de las refinanciaciones de deuda del Ayuntamiento. Otra de las medidas es la de incorporar cláusulas en las licitaciones o mecanismos de penalización para las empresas adjudicatarias que incurran en sobrecostes del 10% o en retrasos injustificados.

La concejala de Ganemos Vicky López, que defendió el dictamen ante la ausencia de Mari Ángeles Aguilera, que fue la que presidió la comisión creada en el 2017, aseguró que «esto no es el fin de un trabajo, es el comienzo». A su juicio, las «exenciones fiscales deben ser para los que menos tienen y más lo necesitan» y no para «los 443 bienes inmuebles de confesiones religiosas o para los 26 locales comerciales que pertenecen a la banca».