El grupo municipal del PP ha solicitado a la Gerencia de Urbanismo que, además de tramitar la ordenanza con la que pretende agilizar las licencias, resuelva la situación que se están encontrando en muchas zonas de la ciudad desde que se aprobó hace un par de años el reglamento del dominio público. Desde entonces, cada obra que se lleve a cabo en una de las denominadas zonas de flujo preferente (periodo de retorno del agua de 100 años) o zonas inundables (periodo de retorno de 500 años) necesita un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esto, según Martín, está afectando a espacios como la Fuensanta, Santuario, Campo de la Verdad, las parcelaciones, Cañero, y el cementerio San Rafael. Según Martín, “no hay ninguna respuesta por parte de Urbanismo de cómo se van a resolver los expedientes que están en marcha”. Martín explica que “hay informes que dicen que no se pueden hacer sótanos en el Campo de Verdad o Cañero, o se prohíbe la instalación de garajes o viviendas en planta baja”.

Por otro lado, el PP piensa que hay otras cuestiones que escapan al control de la nueva ordenanza y que siguen sin tener respuesta. En este sentido, se ha referido al casco histórico, donde existen numerosos bienes de interés cultural y entornos de los mismos que están protegidos, por lo que “no se va a poder llevar a cabo” la ordenanza, ya que no podrán tramitarse las declaraciones responsables y, por lo tanto, no podrán agilizarse los permisos, lo que “exigirá un convenio con la Junta para resolver esta situación”.

La nueva ordenanza tampoco resuelve la situación de las zonas afectadas por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto, que tienen incidencia en el norte de la ciudad y donde las obras necesitan informes de la AESA. Esas servidumbres, según Martín, impiden la tramitación de la declaración responsable.

Por todo ello, el PP pide al equipo de gobierno que, con independencia del borrador de ordenanza, que “no es la panacea”, dé respuesta a estas situaciones.

El PP ha criticado, al igual que los colegios de Arquitectos y Aparejadores y Arquitectos Técnicos -Construcor también ha alegado-, la fecha en la que se ha presentado la ordenanza, el 3 de agosto. A juicio de Martín, es “un intento de tapar el fracaso del gobierno por la situación en que se encuentra la concesión de licencias en Urbanismo”. Aunque se plantea como algo novedoso, recuerda que en la web de Urbanismo ya hay documentos sobre las declaraciones responsables. Aún así, al PP le parece “bien” que se tramite, aunque sea “al final del partido”, ya que duda que quede culminada en este mandato.