Más inspecciones, más denuncias y más prohibiciones. Esa es la herramienta con la que la Junta de Andalucía se ha propuesto acotar el terreno a las salas de juego, que ya suman 85 en la provincia de Córdoba después de las 9 incorporaciones y 7 bajas registradas en el 2019. De las nuevas aperturas aprobadas, dos están en la capital y el resto en municipios de la provincia. Solo el año pasado, según la información facilitada por el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, el número de inspecciones realizadas se multiplicó por cuatro al pasar de 45 en el 2018 a 174 en el 2019».

Solo en dos casos se detectó la presencia de menores en las salas de juego. Pese al incremento de la oferta, Córdoba es una de las provincias con menos salas de juego de Andalucía y aunque existen establecimientos muy próximos a centros educativos, «no hay una problemática importante a nivel policial», según informó el jefe de la Unidad de Policía Adscrita de la Junta, Antonio Montserrat.

En las 174 inspecciones realizadas en el año 2019, se contabilizaron un total de 236 infracciones, una media de cinco a la semana, que derivaron en 117 actas de denuncias.

Acompañados por Salvador Sánchez, agente del área de Juego y Espectáculos Públicos, Montserrat y Repullo insistieron en la labor de control sistemático que se viene realizando «para comprobar el nivel de cumplimiento de los requisitos y condiciones de acceso a las zonas restringidas». Según los datos aportados, en el 2019, 68 personas físicas o jurídicas fueron denunciadas como resultado de 74 actas de denuncias levantadas tras detectar 173 infracciones en salas de juego de la provincia.

42 casos "muy graves"

Del total de infracciones, 42 fueron de carácter muy grave, al carecer del seguro de responsabilidad civil obligatorio. A partir del próximo mes de junio, cuando entre en vigor el nuevo real decreto aprobado por la Junta de Andalucía, estas infracciones se sancionarán con multas de entre 10.001 y 300.000 euros. También se denunciaron 56 infracciones graves de las que 15 fueron por no tener autorización, 30 por carecer de medidas de seguridad, 11 por permitir el consumo de tabaco y solo una por publicidad no autorizada. 75 de las infracciones detectadas fueron leves. Los incumplimientos en este caso fueron no presentar documentos obligatorios y carecer de impresos de quejas y reclamaciones.

Respecto a las máquinas de juegos de azar (tragaperras), la Policía inspeccionó 1.102 en el 2019 y denunció a 63 por carecer de la documentación necesaria y procedió a precintar cuatro. Tras las denuncias registradas, la Policía elevó al Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno los expedientes para la imposición de las sanciones correspondientes.

Antonio Montserrat, Antonio Repullo y Salvador Sánchez. SÁNCHEZ MORENO

Multas más contundentes

El nuevo decreto publicado el 26 de diciembre en BOJA, que modifica la Ley de Juegos y Apuestas y que entrará en vigor el próximo mes de junio, endurece las sanciones establecidas. en varios aspectos. Además de prohibir la entrada a los menores, ahora se limita el acceso al establecimiento para las personas que figuren en el registro de autoprohibidos (la inscripción es voluntaria) no solo en la zona restringida sino en todo el local.

La norma establece también que las personas empleadas en el establecimiento y las que controlan la admisión deben formar parte de la plantilla titular de la empresa. Según la Policía Autonómica, las salas de juego estarán obligadas a partir del mes de junio a exigir en la entrada la identificación a todas las personas que vayan a entrar en el local.

Las infracciones establecidas en el decreto por permitir la entrada de menores y jugadores autoprohibidos pasan ahora a considerarse muy graves, con una sanción de multa de entre 10.001 y 300.000 euros. También se considerará infracción muy grave el incumplimiento de los horarios de apertura y cierre. En ambos casos, la Unidad de Policía adscrita de la Junta tendrá potestad para clausurar el local de forma preventiva e inmediata, antes de que se complete el expediente.

LAR y Acojer exigen prohibir la publicidad de las apuestas

Las asociaciones de ludópatas rehabilitados de Córdoba, LAR y Acojer, han valorado de forma distinta el nuevo decreto. Mientras el presidente de Acojer, Salvador Secilla, considera que es «muy endebilito» y cuestiona que no se haga más hincapié en prohibir la proximidad de las salas a los centros educativos, la presidenta de LAR, Pilar Isidro, cree que supone un paso adelante en la restricción del acceso a las salas aunque «hay asuntos en los que hay que seguir avanzando».

En este sentido, ambas asociaciones coinciden en que el Gobierno central debe prohibir cuanto antes la publicidad del juego en general y de las apuestas deportivas en particular «que ahora se emiten en todos los medios a cualquier hora y de la mano de personajes públicos que son un referente para muchos jóvenes». Secilla, que critica la laxitud de la administración a la hora de imponer sanciones y controlar que las salas exijan la documentación a las personas que entran, cree que «las salas de juego no se pueden abrir a cualquier hora, por lo que hay que restringir más el horario y hacer que se abran únicamente por la noche». Isidro también echa en falta que se prohíba la proximidad de las salas a colegios e institutos, «ya que estamos asistiendo a una pandemia y no se están poniendo medidas preventivas para proteger a los más débiles que son los menores».