Una pareja estable y madura pero no apta para ser padres

José María es maestro y psicopedagogo. José Luis, empresario de un pequeño comercio. Ambos conforman una pareja homosexual de Córdoba con 18 años de convivencia en común que en el año 2011 decidió iniciar los trámites para adoptar un niño. Querían convertirse en padres y la única opción posible en España para parejas del mismo sexo es adoptar a un niño español. Se ofrecieron a adoptar a un grupo de hermanos y a niños con necesidades educativas especiales, contando con que la formación de José María les ayudaría a afrontar las situaciones difíciles que se produjeran. Tras cuatro años de espera, fueron llamados para someterse al largo proceso de evaluación que precede a la adopción y que en Andalucía realiza el grupo Eulen, la empresa subcontratada para este fin por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

"El proceso fue muy duro, impersonal e inhumano", aseguran, y dio como resultado un informe que no les consideraba aptos como padres. "29 páginas en las que se nos reconoce como una pareja estable, madura, autónoma, con proyectos y actividades comunes, con presencia de afecto y compromiso personal, una relación equilibrada y apacible en la que ambos nos sentimos cómodos y satisfechos", explica José María, pero se nos rechaza porque, dicen, "queremos adoptar por prestigio social, no tenemos conciencia adoptiva o porque, como maestro, profesionalizaríamos la educación del menor". Además, aprecian en ellos "una marcada tendencia a normalizar o dar naturalidad a su situación personal que les lleva a negar la especial complejidad que está implícita en las familias homoparentales y a minimizar el impacto emocional que podría tener para su hijo". Es decir, Eulen penaliza que ellos vivan sin traumas su condición sexual y los considera demasiado positivos al respecto como para educar a un hijo por lo que concluye que serían "incapaces de ayudar al niño a hacer frente a reacciones homofóbicas de terceros". Descontentos con esta valoración, presentaron alegaciones que fueron aceptadas por la Junta y que desembocaron en una segunda valoración. "Lo increíble es que no sea una entidad independiente o la propia Junta quien se encargue de revisar la solicitud", explican, al tiempo que insisten en que se les niega la idoneidad "basándose en cuestiones subjetivas y en interpretaciones de sus palabras". Para probarlo, reclamaron las grabaciones de las entrevistas, que aún no les han sido entregadas por Eulen pese a que la Agencia Española de Protección de Datos les ha dado la razón a ellos.

Por su parte, la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales asegura que "una vez recibido el informe que emite Eulen, este es supervisado por los técnicos de la Delegación Provincial" y que "si la Delegación lo estima oportuno, la familia puede ser valorada por los equipos propios de la Administración". Según José María, "se nos ofreció esta opción, pero tendríamos que haber esperado otros tres años y ya llevamos seis en este proceso". La Junta asegura que la Administración "ejerce un continuo control y seguimiento de la actividad desarrollada por Eulen, sin que se haya observado hasta la fecha ninguna intervención irregular" y que "las diferencias de criterio profesional forman parte de la dinámica habitual en estos procedimientos".

El segundo informe ha vuelto a ser negativo. "Al parecer, se nos considera aptos como cuidadores, pero no como padres", señalan sin entender el motivo. "Llevamos tres meses esperando el informe para hacer las alegaciones". En opinión de ambos, "se nos rechaza de forma injusta y en base a justificaciones de dudosa credibilidad". Para José María y José Luis, "no existe ninguna familia que sea cien por cien perfecta y siempre se pueden encontrar razones subjetivas cuando la intención es decir no a un determinado tipo de familia".