El atasco de las licencias en Urbanismo volvió ayer a generar un cruce de acusaciones entre el PP, que está al frente del organismo municipal, y los dos grupos que conformaban el anterior gobierno local, PSOE e IU. Todo empezó a raíz de la información facilitada por escrito por el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, en el primer consejo rector que se celebra tras las elecciones municipales, que recoge que el 17 de junio, es decir, el día en el que empezó el actual mandato, se encontró con que había 3.284 expedientes que necesitaban informes técnicos y que, por tanto, estaban en compás de espera. De esos 3.284, el 30% (997) eran los que requerían licencia urbanística, ya sea para realizar una obra, de ocupación o de utilización, o de actividad. A ellos hay que sumar los 334 que estaban en la fase previa a la tramitación de la licencia (de alineaciones y rasantes, informaciones o certificaciones y calificación de VPO). Entre unos y otros sumaban 1.331 y eran los considerados prioritarios. Pero, además de ellos, había 1.973 expedientes calificados de no prioritarios, pero también en espera de solución, que correspondían a las declaraciones responsables, es decir, aquellos en los que la obra o la actividad se puede ejecutar sin necesidad de comprobación previa.

Tras el consejo, y apoyándose en esos datos, tanto PSOE como IU acusaron al PP de mentir cuando dijo que había atascadas más de 3.000 licencias. El PSOE, que en más de una ocasión ha reclamado los datos certificados, a través del concejal Manuel Torralbo, acusó tanto al alcalde como al presidente de Urbanismo de «faltar gravemente a la verdad para intentar desprestigiar al anterior equipo de gobierno». El expresidente de Urbanismo, Pedro García (IU), incidió también en que el nuevo equipo de gobierno se ha encontrado 997 licencias atascadas y no más de 3.000. Por su parte, Juan Alcántara, consejero de Podemos, duda de que se desbloquee la concesión si no se amplía la plantilla, mientras que Paula Badanelli, de Vox, solicitó los datos actualizados para conocer la evolución real.

A las críticas respondió Fuentes asegurando que tan «expedientes pendientes» son los referentes a las licencias como los de las declaraciones y que la cifra es mayor si se añaden los de otros servicios. Fuentes se pregunta que «si Pedro García sabía que había casi 1.000 licencias pendientes, además de las declaraciones responsables, ¿por qué no actuó?» y califica de «desvergüenza política» las manifestaciones del PSOE porque «o no sabía lo que había en Urbanismo o si lo sabía, no cumplió con su deber de gobernar».

El consejo aprobó por unanimidad el ultimátum que dará Urbanismo a la empresa que ha reformado la antigua Magisterio para que subsane en 45 días las deficiencias detectadas en la obra. Urbanismo notificará hoy a la empresa, con la que también contactará Fuentes, el acuerdo, del que dará traslado al Ministerio de Hacienda, que pidió información en julio sobre la obra. Fuentes alertó entonces del riesgo que había de perder los 1,2 millones de fondos europeos y aseguró ayer que «el Ministerio se sorprendió porque no había tenido noticias de la Normal en tres años».