El Ministerio Público solicita la pena de año y medio de prisión para cada uno de los cuatro acusados de un delito de falsedad documental por simular la constitución de parejas de hecho y falsos contratos de trabajo para conseguir la residencia en España de dos personas extranjeras.

Según se recoge en la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso este periódico, uno de los acusados, «con ánimo de ilícito lucro y con la finalidad de regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros que se encontraban ilegalmente en España», se puso de acuerdo con otras dos de las acusadas «para que, a cambio de dinero, simularan ser pareja de hecho de estos, dándose de alta en el registro correspondiente, para que sobre la base de esas uniones pudieran los extranjeros solicitar la tarjeta de residencia de familiar de la Unión Europea».

Pero además, «como para obtener el derecho a la residencia de los ciudadanos extracomunitarios se exigía acreditar que sus parejas españolas eran trabajadores por cuenta propia o ajena en España, los encartados ya citados se concertaron con (el cuarto acusado), titular de una empresa (...) al objeto de que les diera de alta en la Seguridad Social como trabajadores» de la misma «y ello a pesar de que las mismas no iban a prestar servicio alguno en la empresa».

De ese modo, las dos acusadas inscribieron en el registro a sus parejas ficticias, para, posteriormente, poder poner en marcha «el expediente de solicitud de tarjeta de residencia temporal, a lo que se unió una hoja de vida laboral de las acusadas», en las que figuraban como empleadas de la empresa anteriormente citada.

Como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo, la Oficina de Extranjería denegó a uno de ellos la tarjeta de residencia y extinguió la del segundo, que sí había llegado a ser concedida.

A juicio del fiscal, «los hechos narrados son constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial» y de él responden los cuatro encartados, en concepto de autores.

Por tal motivo, concluye el escrito de calificación del Ministerio Público, «procede imponer a cada uno de los acusados la pena de 18 meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo durante la condena y una multa de seis meses con cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subisidiaria en caso de impago».