El juicio de la denominada operación Fénix, en la que están encausadas 130 personas, empresarios y sociedades del sector de la joyería, por delitos de fraude a la Hacienda pública comenzará mañana en una sala especialmente habilitada en la Ciudad de la Justicia.

En concreto, estas personas y sociedades están acusadas de defraudar más de 150 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2002 y 2006, en operaciones de compra de oro.

Ya el pasado mes de abril la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba reunió a los abogados que representan a estos 130 acusados del caso Fénix, estableciéndose para octubre la fecha de inicio, a razón de tres sesiones semanales. Con esta periodicidad, lo previsible es que el juicio dure de 6 a 7 meses, según apuntaron fuentes judiciales.

Otro de los asuntos abordados en aquella reunión fue el del lugar de celebración del juicio, pues dado el número elevado de acusados, letrados y testigos es difícil encontrar una sala con capacidad suficiente, por lo que se habilitará una especial. Todo ello sin perjuicio de que algunos letrados de las defensas podrían reclamar la posibilidad de que los acusados acudan ante el juez solo los días en que le corresponda declarar, y no durante todas las jornadas, y en aquellos en los que se traten asuntos relacionados con ellos, con la finalidad de que puedan seguir desarrollando su actividad mientras tanto. Según las fuentes consultadas, el del caso Fénix será uno de los juicios más complejos de cuantos se han visto recientemente en Córdoba.

Además de la gran cantidad de acusados y letrados que tendrán que participar, también se espera contar con casi una decena de pruebas periciales, lo que para el órgano juzgador multiplicará el trabajo y la dificultad. Las penas pedidas llegan en algún caso hasta los 384 años.

El Ministerio Público cree que los hechos que se juzgarán a partir de mañana son constitutivos de 96 delitos fiscales, de los que acusa a cien personas. De ellas, siete son procesadas por el total de delitos, entre ellas el presunto cabecilla de la trama, P.J.R.G., y su hijo P.J.R.F., que se enfrentan a sendas penas de unos 384 años de cárcel.

Por contra, las penas más bajas que pide el fiscal son de dos años para un total de siete acusados. Desde las detenciones, que se desarrollaron en dos fases en los años 2006 y 2007, estas personas se han mantenido en libertad provisional.