El gobierno local es partidario de dar un nuevo giro al plan de la carretera de Palma, el que abre el camino de la legalización de las naves de la antigua Colecor y del que hay que modificar dos controvertidos artículos, los referentes a la superficie que hay que demoler y a los usos permitidos. El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, es partidario de que Urbanismo reforme y «casi» que empiece «de nuevo con el plan especial» porque «la cantidad de metros cuadrados previstos de demolición hay que modificarlos». De esa forma se pronunciaba sobre la providencia del Tribunal Supremo, que ha puesto fin a un largo procedimiento judicial y que despeja el camino al Ayuntamiento para tomar una decisión respecto al plan en el que están las naves construidas sin licencia en el 2005 por el empresario Rafael Gómez.
Aumente tiene claro que hay que «hacer otro enfoque distinto» del plan, que tras la providencia del Supremo, que ratifica las sentencias del TSJA del 2014 que anulan los dos artículos del plan, «se podrá acometer de forma definitiva». El Ayuntamiento ha preferido hasta ahora esperar a que haya sentencia firme para actuar, que ya tiene.
En cuanto a la multa impuesta a Gómez por las naves, que asciende a 20 millones, Aumente ve complicado cobrarla, aunque asegura que el Ayuntamiento «no desiste». La responsable de Hacienda, Alba Doblas, explica que el procedimiento está en el mismo punto en el que estaba al principio del mandato y que, a pesar de ello, «hacemos embargos puntuales» en cualquier tipo de propiedades de Gómez y que ya se han cobrado «pequeñas cantidades». El problema es la larga lista de acreedores que tienen preferencia de cobro.
