El fiscal considera que la expresidenta de la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Provincia de Córdoba (UMEC) María Fernández Pino y la exsecretaria general, acusadas de un delito de apropiación indebida tras supuestamente desviar a sus patrimonios fondos de las cuentas de la entidad por cerca de 200.000 euros, «reconocen hechos delictivos, con la emisión de ocho facturas falsas», así como «la existencia de importantes irregularidades». Durante la exposición de su informe final en el juicio de la sección Segunda de la Audiencia Provincial, que quedó ayer visto para sentencia, el Ministerio Público detalló que dichas facturas eran «para justificar subvenciones de la Junta de ocho proyectos que no habían culminado».
Al respecto, la expresidenta, «de forma caprichosa y unilateral» atribuyó funciones de tesorería a la exsecretaria, según el fiscal, quien afirmó que esta última dejó el cargo «ante el aumento de tropelías».
Igualmente, señaló a testigos con «credibilidad suficiente» que relataron «la gestión caótica y unipersonal» de la expresidenta, a lo que agregó que «queda claro que no existía contabilidad», así como que «hay determinados actos de distracción de dinero», para lo cual citó «el uso injustificado» de una tarjeta de crédito de la asociación.
