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LA CRISIS: DIEZ AÑOS DESPUÉS / 2

El difícil acceso a la vivienda

La VPO existente está lejos de la demanda. En la última década, 6.000 familias han perdido su casa

 

El difícil acceso a la vivienda - SÁNCHEZ MORENO

Laura Mármol Laura Mármol
21/01/2018

La construcción ha sido uno de los sectores que más ha acusado los efectos negativos de la crisis económica en Córdoba. En la última década, se ha visto reducido en un 91% el número de pisos disponibles para ser estrenados en la ciudad, una realidad que tocó suelo en el año 2016, cuando se registraron solo 263 nuevas viviendas para entrar a vivir. La cifra global da una idea aún más clara de la situación: de los 5.978 pisos disponibles para su primera ocupación en el año 2008 se ha pasado a los 538 registrados ahora, un ejercicio recién acabado que, no obstante, ha supuesto la consolidación de un proceso de reactivación del mercado inmobiliario. Y esos son datos sobre vivienda libre. Atendiendo a las estadísticas relativas a la vivienda de protección oficial (VPO), que afectan a las familias con menos recursos, se observa que en el año 2017 solo se han sumado 87 inmuebles de nueva planta, lo que supone una caída del 41% respecto al ejercicio anterior.

La VPO que se construye en Córdoba sigue estando muy alejada de la demanda, ya que no se pone en pie ni un tercio de la vivienda de esta tipología que se necesita. Según datos de la empresa municipal Vimcorsa, en la capital hay unos 8.000 demandantes, una cifra que se ha mantenido prácticamente inalterable en los últimos años, si bien las solicitudes activas en el registro son en torno a 5.000. En el caso de la Junta, se tienen contabilizadas alrededor de 16.900 solicitudes de personas que desean una VPO, aunque no llegan a 15.500 los inscritos formalmente.

En Córdoba hay miles de familias a las que la crisis les ha afectado de tal manera que han llegado a perder su casa. Las diversas asociaciones que trabajan para paliar estas situaciones abogan por un incremento del parque de vivienda pública, la puesta en marcha de un alquiler asequible o el final de los deshaucios como medidas para frenar situaciones verdaderamente dramáticas.

Un estudio realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), por encargo del Ayuntamiento de Córdoba, indica que 6.000 familias cordobesas han perdido su vivienda desde que empezó la crisis, por una ejecución hipotecaria o un desahucio por impago de alquiler. Mientras tanto, en torno a 17.000 inmuebles permanecen vacíos, ya sea porque sus propietarios no les dan uso o porque, tras un proceso de desalojo, han pasado a ser propiedad de los bancos, que solo han devuelto a la ciudadanía un 20%. Según Miriam Jurado y Carlos Arce, miembros de APDH, «hay pisos vacíos más allá del tiempo razonable y realquilere abusivos e ilegales que son la única forma de acceso a una vivienda para los colectivos más excluidos». El estudio pone el foco en los edificios ocupados, «la mayoría propiedad de entidades bancarias». La pobreza energética es un denominador común. Un 42% de los cordobeses no puede permitirse climatizar su vivienda ni en invierno ni en verano.

Sea como sea, el concejal de Asuntos Sociales, Juan Hidalgo, ha destacado que «las políticas sociales del Ayuntamiento han conseguido que en Córdoba hayan caído un 35% los desahucios, mientras en España han aumentado un 11%». Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial señalan que hasta el mes de septiembre del 2017 se habían registrado en Córdoba 444 desalojos. Entre otros colectivos, la labor de la Asociación Nacional de Familias Necesitadas (Anfane), con Rafael Cidres a la cabeza, ha sido fundamental para rebajar esa estadística. Esta asociación media y ayuda a familias con hijos a su cargo desahuciadas y trabajadores asfixiados por hipotecas basura y sus cláusulas abusivas, incapaces de hacer frente a las facturas, una realidad más común de lo que pueda parecer.

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