La sección tercera de la Audiencia Provincial celebró ayer el juicio contra una pareja acusada de tráfico de estupefacientes, en concreto, marihuana y cocaína, después de que la Policía Nacional localizara en un registro de sus viviendas una plantación de marihuana (68 plantas que arrojaron un peso de más de medio kilo) con todo tipo de utillaje para su mantenimiento, así como una bolsa con de 14 gramos de cocaína y otros 4 gramos de sustancia de corte (cafeína), utilizada habitualmente para mezclarla con la cocaína y aumentar la cantidad total.
El acusado, que exculpó a su pareja (ahora exmujer), quien admitió ser consciente de que en su casa había una plantación de marihuana, pero no de que él traficara con ella, declaró que el cultivo era para «consumo propio». Según su testimonio, en aquel momento «fumaba de 15 a 20 porros diarios». El procesado explicó que, tras quedarse en el paro, se dedicó a «la venta de coches» aunque sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Sus ingresos mensuales eran de «unos 1.500 o 2.000 euros» más el «salario social», unos 420 euros. Por su parte, su mujer, camarera en un hotel, cobraba unos 1.100 euros brutos al mes. Con estos ingresos, el acusado aseguró que cultivaba marihuana para «ahorrar un duro». Asimismo, pese a sus supuestas dificulades económicas, que les habrían llevado a ser desahuciados de la casa en propiedad y del piso en el que vivían que no pagaban, el acusado dijo comprar cocaína «para los fines de semana y las fiestas».
Antes del registró, dijo haber comprado 20 gramos de coca, también para «consumo propio». Según la calificación del fiscal, la cantidad de marihuana y cocaína hallada en el domicilio durante el registro tendría un precio en el mercado ilícito de 2.320 euros y 272 euros, respectivamente. Según el testimonio ante el juez de un agente, el procesado intentó arrojar al baño el paquete de cocaína después de que, viendo que nadie abría, la Policía Nacional tirara la puerta del piso abajo.
Junto a la droga incautada apareció un papel con notas de nombres y cantidades, que el acusado negó que se refieran a clientes, asegurando que hacían referencia a compradores de coches.
En cuanto al rifle que también apareció en uno de los domicilios de la familia junto a 38 cartuchos de distinto calibre y dos vainas, el acusado aseguró que «lo encontró en el campo de tiro» y se lo llevó a casa sin preguntar a nadie. Las indagaciones de la Policía Nacional, tres de cuyos agentes prestaron declaración ayer, habrían revelado que dicho rifle había sido robado en una vivienda tiempo atrás.
El Ministerio Fiscal solicita una pena de 6 años y 3 meses y multa de 3.000 euros por un delito contra la salud pública, receptación y tenencia ilícita de armas.
