El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, respondió ayer a lo que definió como «declaración hostil» del concejal de Urbanismo, Pedro García, sobre la necesidad de aplicar la norma del 2007 contra contaminación visual en el casco histórico y advirtió que «el comercio de cercanías tomará medidas» si se le obliga a adaptarse a tales exigencias. Acompañado por Vicente Palomares (UGT) y Marina Borrego (CCOO), Bados explicó que «no es el momento» para poner en marcha una «campaña de acoso y derribo» contra el comercio de cercanías de la Judería, advirtiendo que «tendría consecuencias en el empleo de un sector clave de la economía cordobesa».

Palomares y Borrego coincidieron con Bados en reclamar «diálogo» e incluso «una mesa de negociación» al Ayuntamiento para abordar esta situación y aseguraron que «la coyuntura actual no es la más idónea» para exigir el cumplimiento de una norma implantada en 2007» y que lleva una década sin aplicarse y afirmaron que «hacerlo tendría efectos negativos sobre el empleo».

Bados explicó que en el casco histórico hay en torno a 500 negocios y que un número muy importante de ellos «no tienen posibilidad de abrir un escaparate» por lo que se ven obligados a sacar los expositores a la calle. También indicó que «cualquier reforma supondría un desembolso importante para comercios que en general son débiles».

Por su parte, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, con quien Comercio Córdoba se reunió la semana pasada, explicó que antes de actuar «está previsto hacer un diagnóstico de la situación a través de una mesa de trabajo con el sector para, cumpliendo la norma, reducir la contaminación visual en el casco histórico».