Apartamentos y viviendas turísticas. Fenómeno controvertido al que el equipo de gobierno quiere poner freno pero sus miembros, IU y PSOE, no se ponen de acuerdo en cómo. La historia se repite y, al igual que en el 2018, Urbanismo ha tenido que retocar su propuesta, que se ha visto obligado a dejar sobre la mesa por unos días ante la falta de apoyos.
El estudio
El punto de partida del debate es un estudio encargado por el Imtur a Espacio Común para conocer la realidad de las viviendas con fines turísticos en Córdoba, que ejercen mayor presión en el centro, donde casi el 6,5% del parque residencial se alquila para esa actividad. El estudio detectó 2.541 viviendas turísticas en la capital en el 2018 y cuantifica su nivel de presión en el 1,72%, que es inferior al de ciudades como Sevilla, Málaga o Cádiz. La clandestinidad es aún alta, ya que un 46% (1.179) no están inscritas en el registro de la Junta. Dentro del centro, el entorno de la Mezquita-Catedral, con más del 22% de las viviendas existentes destinadas a alojar turistas; San Francisco-La Ribera, con el 20%; y El Salvador y la Compañía, con el 17%, son los espacios que más padecen este fenómeno, que, por otro lado, deja unos ingresos anuales en la ciudad de 12,5 millones. De esa cantidad, 8,8 millones se quedan en el centro (donde el precio medio está en 89,22 euros), de los que 1,9 millones llegan a través de los pisos del entorno de la Mezquita, que cuestan 103,25 euros al día. A pesar de todo, el estudio concluye que el aumento de viviendas no repercute en la ocupación hotelera ni causa despoblamiento, pero el Ayuntamiento quiere anticiparse y actuar.
Las medidas
En julio del 2018, Urbanismo anunció que modificará el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. El acuerdo de formulación se adoptó excluyendo la suspensión cautelar de licencias, que fue polémica y ni siquiera apoyaba el PSOE. El miércoles, Urbanismo explicaba el contenido del avance, que así se llama el documento elaborado por los técnicos, de la innovación, que incluye suspender licencias. El documento indica que en la zona Patrimonio de la Humanidad, en el entorno de La Ribera y en La Corredera no podrá haber ni apartamentos ni viviendas turísticas -un propietario sí podrá alquilar una o dos habitaciones de su casa- cuando la innovación quede aprobada definitivamente; ni edificios enteros para hostelería. En el resto del conjunto histórico se autorizarán apartamentos en edificios completos y cumpliendo las condiciones de habitabilidad de una vivienda y pisos turísticos si no ocupan más del 25% de un bloque con el límite de dos como máximo.
IU dejó el tema sobre la mesa en el consejo rector del viernes al ver que no iba a prosperar (el PSOE no pudo acudir al consejo, PP y Ciudadanos iban a votar en contra y solo Ganemos se había mostrado a favor de las propuestas), y lo volverá a llevar el día 8. La manzana de la discordia es otra vez la suspensión de licencias, que entraría en vigor con la publicación en el BOP tras la aprobación del avance. La propuesta inicial era no otorgar permisos durante un año en las áreas especiales para apartamentos de más de 40 plazas, viviendas turísticas y edificios completos de hostelería; y en el resto del casco, a los apartamentos que no cumplan las condiciones de habitabilidad de una vivienda, a los de más de 40 plazas, y a los pisos que superen el 25% del edificio (o más de dos).
Tanto la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) como la Junta advirtieron al Ayuntamiento que no tiene competencia en las viviendas turísticas -son potestad de la Junta-. El día del consejo, Planeamiento emitió un informe avisando de un «error material» en el avance en relación a las medidas cautelares para las viviendas, por lo que, finalmente, no se verán afectadas por la suspensión de licencias. Tras ese retoque, las medidas contra las viviendas continúan plasmadas en el avance, aunque para que tengan efecto hay que esperar a su aprobación definitiva, que tardará como mínimo un año, pero la suspensión de licencias previa ya no les afecta. Habrá que esperar para ver en qué acaba el cerco iniciado.
