El Ayuntamiento de Córdoba ha informado en una nota de prensa que desde hoy y hasta el próximo mes de febrero la oficina de atención ciudadana y todos los servicios que ésta presta solo se ofrecerán desde la sede municipal de Gran Capitán. De este modo los siete centros cívicos que desde hace años ofrecían estos servicios de atención informativa dejarán de hacerlo durante cuatro meses y hasta que el nuevo personal administrativo termine el periodo de formación. Está previsto que cuando estos trabajadores municipales culminen su proceso de aprendizaje se incorporen a los centros cívicos y puedan recuperarse los servicios que se prestan de manera habitual.
El concejal de Gestión y Administración Pública, Antonio Rojas, explica en un comunicado que la formación y capacitación que van a recibir los nuevos miembros de la plantilla «redundará en la calidad del servicio que presta el Ayuntamiento de la capital en trámites, información y gestiones muy necesarios para la ciudadanía, y cuya accesibilidad, rapidez y facilidad tiene que ser una seña de identidad de la administración más cercana a la sociedad cordobesa».
Además, Rojas ha agradecido por anticipado «la comprensión» de la ciudadanía, así como «el esfuerzo del personal municipal del servicio», ya que durante tres meses la oficina de atención ciudadana principal «va a concentrar todos los trámites y atención a la ciudadanía que hasta la fecha se venía prestando en los centros cívicos, debido a este periodo de formación de los nuevos recursos humanos».
DENUNCIA DE LA CTA
Esta situación está derivada directamente de la salida estos días de 32 auxiliares administrativos del Ayuntamiento, que no superaron las pruebas de oposición. El sindicato CTA ha lamentado estos días esta tesitura que, ironizan, «los políticos llaman proceso de consolidación», pero lo cierto es que «de 62 auxiliares administrativos 32 han ido a la calle».
El sindicato lamenta además que muchos de estos trabajadores cuentan «con una antigüedad de 11 años, otros de 16, otros de 22 y de 28 años, prácticamente una vida laboral» y ha recordado que la mayoría de ellos tienen «cargas familiares, con hijos que mantener en edad de estudios». También lamentan la situación de algunos de estos compañeros porque «son el soporte económico de sus familias y tienen dos y tres hijos a su cargo».
El sindicato CTA lamenta, además, que a «algunas compañeras este proceso tan largo les ha costado la intranquilidad en sus vidas, en la programación de sus vacaciones familiares, con aplazamientos de las mismas y siempre con la incertidumbre de cuándo saldrían las plazas y les ha costado miles de horas de estudio en academias También el desasosiego que han sufrido les ha llevado a algunas hasta a la enfermedad», dicen en un comunicado.
La CTA defiende que estos «compañeros, después de tantos años en el Ayuntamiento, prestando un servicio público, van a la calle a pesar de haber demostrado sobradamente su valía». En último lugar, este sindicato defiende que se podían haber hecho las cosas de otra manera para haber evitado la salida traumática de estos trabajadores.
