El Ayuntamiento de Córdoba se persona en la causa del TSJA contra las ordenanzas fiscales del 2020

Pese al debate, el Ayuntamiento de Córdoba se personará finalmente en el procedimiento seguido ante la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla contra el acuerdo plenario de aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales del 2020 que interpusieron los grupos de la oposición PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Esta personación se produce poco después de que el TSJA haya solicitado al Ayuntamiento de Córdoba el expediente administrativo de la tramitación de las ordenanzas fiscales en vigor tras admitir a trámite el recurso.

Cabe recordar que los tres grupos de la oposición presentaron esta demanda ante el TSJA al entender que en la tramitación de las ordenanzas no se siguieron las garantías procesales y jurídicas necesarias, pues, entre otros extremos, su aprobación no contó con el debido informe de la Intervención General ni se tuvo en cuenta alegaciones presentadas en tiempo y forma al expediente. En las comparecencias previas al pleno, la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, ha asegurado que el recurso fue "la única salida" que les dejó el gobierno a la oposición y ha defendido su validez.

Presiones a funcionarios e informes

Al pleno de hoy, PSOE, IU y Poremos habían presentado una enmienda sobre el dictamen de personación en la causa, en la que se incluía la petición de que el Ayuntamiento se allanase al recurso del TSJA, es decir, que aceptara que las ordenanzas --como mantiene la oposición en su demanda-- son "nulas". El alcalde, José María Bellido, había solicitado un informe al titular de la asesoría jurídica, Miguel Aguilar, sobre la pretensión de la oposición, en el que el letrado considera que es "imposible acordar el allanamiento". De este informe se ha dado cuenta a todos los grupos en una junta de portavoces extraordinaria, previa a la sesión, en la que el secretario general del Pleno, Valeriano Lávela, ha ratificado el informe del letrado y ha añadido verbalmente una advertencia a los ediles de que podrían incurrir, en caso de mantener la enmienda, en causa de abstención (es decir que deben abstenerse quienes tengan intereses en un asunto). Esta advertencia ha provocado el enfado de los partidos de izquierda, que han pedido que se recoja por escrito, al considerar que ha sido "una amenaza".

En el turno de debate, la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, ha acusado al gobierno local de estar "tensionando" a los funcionarios municipales y ha explicado que la intención de la oposición solo era que la asesoría jurídica "se posicionase a favor de los intereses generales", que entienden están en el lado de los demandantes, es decir, de su lado, y no del lado de un gobierno que está en una continua "huida hacia delante" y no enmienda "sus errores". No obstante, después de los informes conocidos, Ambrosio ha propuesto una enmienda de transacción --que no ha sido admitida-- en la que únicamente se incluyera la personación sin más del Ayuntamiento en la causa y se elevará una consulta al Consejo Consultivo sobre las ordenanzas. La concejala de IU, Alba Doblas, considera que la petición de estos informes responde "al nerviosismo" del gobierno por que el TSJA haya admitido a trámite la denuncia sobre las ordenanzas.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha negado que existan esos nervios y ha acusado a Ambrosio de ser ella quien está presionando a los funcionarios con sus pretensiones. "¿Usted va a hablar de presionar a los funcionarios? ¿Usted que ha pedido en su enmienda el allanamiento a sus intereses personales?".

Finalmente, la enmienda de PSOE, IU y Podemos no ha salido adelante, y los concejales de estos partidos han pedido ausentarse del pleno para no estar en la votación del dictamen, que sí se ha aprobado con los votos de PP, Cs y Vox.