La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha firmado sendos decretos para «resolver la discrepancia existente entre el Departamento de Contratación y la Intervención General de Fondos» para así garantizar «la continuidad» de los actuales servicios de mantenimiento de determinadas zonas verdes y de servicio a domicilio de comidas a cargo de los servicios sociales municipales.

Con otras palabras, el gobierno local ha optado así por «prorrogar» por segunda vez (sin citar expresamente esta palabra ya que este mecanismo y con este nombre solo puede aplicarse en una primera y única ocasión) los contratos con las empresas Talher SA, de mantenimiento de zonas ajardinadas, y Serunión SA, para el reparto de comida a domicilio a vecinos en el programa asistencial del Ayuntamiento, para que ambos servicios no terminaran el 31 de diciembre, fecha tope de la primera prórroga. Para ello, el decreto fue firmado el 30 de diciembre por la alcaldesa, según informaron ayer fuentes municipales a este periódico.

Se da la circunstancia de que ya está en marcha un proceso de adjudicación de estos mismos servicios y que, precisamente, las actuales empresas concesionarias son las ganadoras de sendos concursos. Sin embargo, y como se recogen en los diferentes informes, no será hasta el 31 de marzo cuando se formalice la nueva adjudicación del servicio de reparto a domicilio de comida, por lo que esta segunda continuidad del contrato, con un presupuesto de 105.000 euros, vendría a dar continuidad al servicio durante estos tres meses.

Respecto al contrato para el mantenimiento de zonas verdes con Talher, la prorroga está dotada con algo más de 415.000 euros para cubrir el servicio durante los meses de enero y febrero, ya que se espera que el nuevo contrato esté formalizado el 28 de febrero.

En todo caso, la alcaldesa tuvo que recurrir a sendos decretos arbitrales, firmados el 30 de diciembre, para desbloquear la situación superando la oposición de la Intervención Municipal, que en ambos casos emitió informes de disconformidad. Particularmente, porque la normativa exige que «el anuncio de licitación del nuevo contrato (para el adjudicatario del servicio que se va a prorrogar) se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto a de la fecha de finalización del contrato original», dice el informe de Intervención al que ha tenido acceso este periódico.