El aumento de los morosos está poniendo a prueba la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento de Córdoba, que en los últimos cinco años ha ingresado a un ritmo menor que el crecimiento que han registrado las deudas tributarias. Podemos acudir al símil de una bañera, que fuera llenándose de agua a mayor velocidad de que la que se va desalojando. Algo parecido es lo que estaría ocurriendo en las arcas municipales en cuanto a la recaudación ejecutiva. Así, mientras que en el año 2012 los contribuyentes tenían contraída una deuda de 59,6 millones de euros con la Hacienda local, en 2017 (último año liquidado) ese concepto pasó a ser de 78,6 millones. Es decir, que se ha producido un incremento del 32% en ese concepto neto.

Por contra, mientras que hace seis años, los ingresos en ejecutiva ascendieron a 10,2 millones (lo que supuso ingresar el 17% de la deuda de 59,6 millones de 2012), en 2017 se quedaron en 8,9 millones (un 11% del montante total), o lo que es lo mismo, se recaudó un 12,6% menos en 2017 que hace seis años. Y ese año no fue una excepción, sino que en los últimos se ha registrado una progresión en el incremento de la deuda (de 59,6 millones a 63,8 en 2013, 65,9 en 2014, 72,1 en 2015, y 75 en 2016), y de descenso de la eficacia de esa recaudación, sobre todo a partir del 2015, cuando se ingresó un 7,9% menos que el año anterior, y entre 2016 y 2017, un 14,8% menos.

DEBATE / Son múltiples las causas técnicas, laborales y organizativas que pueden estar detrás de estas cifras y es en ese marco donde la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, defiende la necesidad de contratar una nueva aplicación informática, más competitiva y eficaz que la que ahora tiene el Ayuntamiento de Córdoba para recaudar las multas que no se pagan a tiempo y los embargos. En el pleno de enero se debatió con profusión la idoneidad de acudir a una empresa externa que mejorara estos resultados (de hecho se ha publicado ya un pliego para contratar este servicio por un millón de euros), defendida por la titular de Hacienda, frente a quienes consideran que sería mejor que fuesen «empresas locales» las que desarrollaran esta tecnología, como se estaba haciendo hasta 2016. Quienes apuestan por esta última opción, dice Doblas, obvían que es ilegal limitar un pliego de contratación a empresas locales, y niega, como dicen sus detractores, que recurrir a una empresa externa suponga la migración de los datos fiscales de los cordobeses. «Los datos no saldrían del Ayuntamiento de Córdoba, tendríamos todas las garantías», insiste la delegada.

Por contra, el resto de grupos municipales, liderados en esta cuestión por Ganemos y el PP, entienden que la externalización de la ejecutiva sería poner en manos de una empresa externa los datos más sensibles de los cordobeses, los fiscales. Además, consideran las voces críticas que sería solo el primer paso para externalizar el resto de la recaudación. Este servicio fue remunicipalizado precisamente por el alcalde Julio Anguita durante sus primer mandato, ya que cuando llegó a la Alcaldía de Córdoba esta actividad no se desarrollaba en Capitulares.