La Audiencia Provincial de Córdoba ha archivado definitivamente la denuncia presentada por el sindicato CTA contra el exconcejal popular Rafael Navas por la gestión del contrato del Alcázar de los Reyes Cristianos, cuando se encontraba de concejal en el Gobierno de José Antonio Nieto. El auto de la sección segunda desestima el recurso de apelación interpuesto por Francisco Moro, secretario general de CTA, contra el auto del 10 de abril que desestimó el recurso de reforma. CTA consideraba que existía una supuesto comisión de un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos. Tras conocer este auto,

Rafael Navas anunció ayer que estudiará emprender acciones judiciales contra «quienes promovieron estas calumniosas acusaciones» al considerar que se cuestionaron «injustamente» su honradez, «sin base alguna, con el doble fin de hacer daño a su persona y desviar la atención del desastroso cambio de gestión del espectáculo nocturno del Alcázar». Navas recordó que el objetivo del equipo de Gobierno en el que él participó era que «la ciudad contara con una actividad turística para conseguir aumentar las pernoctaciones en la ciudad y fomentar el empleo», lo que aportaría al Ayuntamiento «unos importantes ingresos mediante un canon y con la creación de numerosos empleos directos e indirectos». Sin embargo, el exedil dice que la situación ha cambiado notablemente, pues «el Alcázar está perdiendo número de visitas mes a mes tras permanecer sus puertas cerradas por la tarde-noche y algunos festivos». «El Ayuntamiento ha dejado de percibir importantes ingresos y 13 personas han quedado en paro», añadió.

MALA FE / Asimismo, Navas considera que «debe lucharse contra aquellos que usan la justicia de forma espuria, buscando hacer daño, aprovechando la repercusión que estas acciones tienen en los medios de comunicación, así como contra aquellos responsables de la Administración que apoyan este tipo de actuaciones». Del mismo modo, estima que «quienes han impulsado y apoyado esta denuncia han quedado en ridículo y se ha puesto de manifiesto su mala fe, que solo ha servido para dañar las arcas públicas y el turismo de Córdoba y para la pérdida del empleo de 13 personas». Por último, Rafael Navas piensa que con esta resolución judicial ha quedado claro que su actuación «fue correcta y en beneficio de las arcas municipales y del turismo de Córdoba, y que todos los contratos que él firmó contaban con los informes de los técnicos competentes, supervisados por los controles que eran necesarios y con todos los requisitos de transparencia que marca la legislación vigente». Navas concluye en una nota que estas cuestiones las «conocían perfectamente los denunciantes y los responsables políticos que han apoyado esta forma de actuar». Por ello, considera que «deberían pedir disculpas no solo a él, sino a todos los cordobeses por el daño causado a las arcas del Ayuntamiento, al turismo de la ciudad y a la familias.