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REIVINDICACIONES A LA JUNTA

Las asociaciones de alzheimer denuncian la "situación crítica" de sus centros de estancia diurna

Reclaman que se ocupen el 100% de las plazas y medios económicos para subsistir en la pandemia o tendrán que cerrar

 

Miembros de la federación de asociaciones de Alzheimer. - CÓRDOBA

Carmen Aumente Carmen Aumente
30/07/2020

La Federación Provincial de Asociaciones de familiares de Alzheimer ha denunciado ante la Junta la situación “crítica” que están atravesando, con solo la mitad de las plazas concertadas ocupadas y el 100% de sus trabajadores e infraestructuras disponibles en los centros de estancia diurna, que se han ido abriendo escalonadamente desde el 1 de julio.

El presidente de la federación y de la asociación San Rafael, Rafael Luque Siles, ha señalado a este periódico que han pedido a la delegada de Educación y Políticas Sociales de la Junta, Inmaculada Troncoso, con la que se han reunido, que se puedan “ocupar las plazas concertadas lo antes posible, y  mientras tanto, solicitar un porcentaje de pago por plaza no ocupada, para evitar las pérdidas económicas mensuales, ya que los distintos centros sí cumplen con lo indicado desde la Administración pública. Ese dinero esta presupuestado en el concierto social, que recoge el importe integro por plaza concertada”.

El pasado día 24 de julio, se mantuvo una reunión por videoconferencia con la delegada de Igualdad y Políticas Sociales, Inmaculada Troncoso y representantes de la Federación de Córdoba,  Rafael Luque Siles, presidente de la misma y Manuel Poyatos miembro de junta directiva, en la que le transmitieron las reivindicaciones. Señala Rafael Luque que Troncoso “tomó nota nota de todas las cuestiones” y dijo que lo trasladarán a la Consejería en Sevilla, “haciendo hincapié en que es un problema de todas las provincias, y que se inicia un proceso complicado y muy duro para la supervivencia de todos los que nos dedicamos al sector de los mayores, y especialmente Alzheimer, después de llevar 30 años luchando. Ya no nos sirven promesas, queremos hechos puesto que la Administración pública es conocedora de la situación arrastrada varios años”.

Reclaman, pues, “ayuda económica acorde al gasto que debemos asumir por la pandemia y que supone un extra al presupuesto, ya mermado, de cada U.E.D. y asociación". El presidente de la asociación San Rafael insiste en que “pensamos que los mayores y los sistemas de protección de la dependencia están a la cola de las prioridades de las políticas públicas. La Administración   debe concretar, a la mayor brevedad posible, las reivindicaciones o los distintos centros se verán abocados al cierre por falta de viabilidad económica”.

Desde que en marzo, por la pandemia, cerraran todas las unidades, desde el 1 de julio se han ido abriendo, con todas las medidas de seguridad y sanitario, y en estos momentos, existen 8 Unidades de Estancia Diurna (UED) dentro de la federación, de las cuales “dos se ha quedado a las puertas de firmar el concierto de plazas de este año, a pesar de estar acreditadas y con toda la normativa reglamentaria, lleva años esperando que se le conceda un número determinado de plazas de concierto”.

Ninguna de las U.E.D. tiene las plazas de concierto cubiertas al 100% pero sí que, “desde la Administración se les exige el cumplimiento de la ratio de personal acorde con el número de plazas concertadas”.

Las plazas que actualmente existen en la provincia para concertar en los centros de día son 267, de las que 138 están ocupadas y sin ocupar 129 plazas. “Observando estas cantidades sacamos en conclusión una ocupación del 50% del total de las plazas, pero con el personal contratado al 100% de ocupación”, dice una nota de la federación. Además, indican, “ante la crisis sanitaria que estamos padeciendo, son muchas las personas que, lamentablemente, se han quedado en el camino y las familias tienen miedo ante un posible contagio, haciendo que los centros se vean, aun mas, mermados en su ocupación habitual”.

Otras de las reivindicaciones que plantean son agilizar los trámites de expedientes (PIA)  ya que la Ley tiene un plazo de resolución de 6 meses y, sin embargo, dichos plazos se alargan de 18 hasta  24 meses llegando, incluso, a ser notificados una vez la persona ha fallecido. Y aAgilizar el cambio de recursos ante el incremento de dependencia de la persona afectada por la enfermedad, y adaptarlo a sus necesidades.

 

 

 

 

 

 

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