La apertura de la antigua Normal de Magisterio tendrá que esperar al próximo mandato, ya que durante este difícilmente dará tiempo a inaugurar una reforma que ha dado problemas desde el principio. Tras año y medio de tira y afloja entre Urbanismo y la adjudicataria, Vías y Construcciones, por el estado en el que ha quedado el edificio tras la intervención acometida, el consejo rector del organismo municipal acordará mañana iniciar el expediente de resolución del contrato. Al tiempo que requerirá este paso, hay que sumar el necesario para tener el informe del Consejo Consultivo, el preciso para licitar lo que queda de obra y el periodo que hará falta para terminar las tareas pendientes. El propio presidente de Urbanismo, Pedro García, reconocía ayer que es «complicado» abrir la Normal en lo que queda de mandato, ya que solo restan «cinco meses» y «no puede dar tiempo».

García relató que «hemos tenido muchos problemas con esta obra, que está terminada al 90% y en la que quedan cuestiones por resolver de lo que ya se ha hecho y de lo que queda». «Al no haberse podido llegar a un acuerdo con la empresa», añadió, «hemos optado por resolver el contrato». Según señaló, el expediente tendrá un periodo de exposición pública, tras el que irá al Consultivo, «que tiene un mes para resolver». Sus cálculos son que en tres meses quede resuelto el contrato y se pueda licitar la terminación de la obra. Como ya adelantó este periódico en octubre, García anunció al Pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano que darían este paso. Por su parte, el gerente de Urbanismo, Emilio García, explicó ayer que «quedan remates e instalaciones y lo derivado de la no ejecución adecuada o tareas sin finalizar del todo de algunas partes importantes que habrá que arreglar en la liquidación de la obra».

Además del inicio del expediente, el servicio de Proyectos emitirá un informe para valorar los daños y perjuicios de la resolución del contrato y Patrimonio hará otro jurídico. En la propuesta que llega al consejo se deja constancia de los documentos que aluden a la paralización de la obra por la «dejación de la empresa» y al «incumplimiento de sus obligaciones» al «sobrepasar ya por más de 36 meses el plazo total de ejecución» y «manifestar su negativa a acometer las tareas pendientes». Alude también a «obras no ejecutadas» y a otras realizadas «defectuosamente».

La reforma está incluida en el plan Urban Sur, que concluyó en diciembre del 2015. Al poco de empezar, en enero del 2014, quedó parada. Ante el retraso, el anterior gobierno local del PP reprogramó actuaciones y decidió terminarla con fondos municipales, fijando la conclusión para marzo del 2017, fecha en la que la empresa dio por acabada la obra, que Urbanismo se negó a recepcionar al detectar deficiencias en la misma.